La ley obliga a responder los pedidos de información por parte de los ciudadanos y establece penas a los funcionarios que no cumplan con esta obligación.

Más allá de los organismos públicos, la norma establece como sujetos obligados a las empresas del Estado, las sociedades del Estado, las sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria, las sociedades de economía mixta y “todas aquellas otras organizaciones empresariales donde el Estado nacional tenga participación mayoritaria en el capital”. También alcanzará a concesionarios, permisionarios y licenciatarios de servicios públicos. 

Además, deberán someterse a la norma organizaciones empresariales, sindicatos y “cualquier entidad privada a la que se le hayan otorgado fondos públicos, en los que se refiera, únicamente, a la información producida total o parcialmente o relacionada con los fondos públicos”.  Incluye también a las empresas de juego de azar y apuestas.

La ley fija como excepción para la empresa brindar información sobre secretos industriales, comerciales, financieros, científicos, técnicos y tecnológicos “cuya revelación pudiera perjudicar el nivel de competitividad”. 

Amnistía Internacional Argentina celebró la aprobación de la Ley de Acceso a la Información Pública, lo que consideró "un instrumento fundamental para la defensa y protección de los derechos humanos".

Ley de Acceso a la Información Pública