La Guía ofrece orientaciones sobre cómo desarrollar una diligencia debida en el ámbito de los derechos humanos.

La Guía también aporta claves para el cumplimiento de los establecido en la Ley 11/2018 con el objetivo de conseguir comparabilidad, claridad y fiabilidad en la información sobre la gestión de impactos sobre los derechos humanos en la esfera de influencia de la empresa.

“La regulación de la debida diligencia corporativa en materia de derechos humanos y medioambientales es un hecho. Países europeos ya la han regulado, como Francia, Alemania, Noruega y la propia Comisión Europea ha publicado un borrador de directiva sobre diligencia debida de las empresas en materia de sostenibilidad, que se está debatiendo. Se está pasando de la voluntariedad (que ha tocado techo) a una exigencia del mercado, y acabará siendo una exigencia legal para asegurar unos criterios y un campo de juego común para todas las empresas. Pese a que cada vez son más las empresas que cuentan con políticas de respeto de los derechos humanos, son muy pocas las que llevan a cabo un proceso de identificación de riesgos ligados a su actividad, siendo este el primer paso de un proceso de debida diligencia”, explican los autores.