En la Argentina de cada 100 estudiantes que ingresan a la secundaria, solo 45 logran egresar y apenas 27 lo hacen en la edad correspondiente. Esto sucede en un país que tiene a más del 57% de sus niños y niñas en situación de pobreza.

Se calcula que en el país las empresas comprometidas socialmente y las fundaciones donantes contribuyen con la educación y destinan hasta un 70% de su Inversión Social Privada (ISP) a su desarrollo. Este presupuesto se destina a formación docente, equipamiento de escuelas, programas de becas y tutorías, innovación tecnológica y capacitación para la empleabilidad, entre muchas otras iniciativas. Asimismo, organizaciones de la sociedad civil (OSC) especializadas en educación realizan estudios, movilizan a la ciudadanía y buscan incidir para una mejor educación. Pero tanto el esfuerzo de unos y otros es insuficiente.

Este contexto motivó a algunos de los principales referentes de inversión social privada a expresar no solo lo que las empresas necesitan de la educación sino también lo que pueden dar.

El posicionamiento político “el sector privado y la educación” nace así en el seno del Diploma en Políticas Educativas de GDFE y UTDT para hacer foco en tres grandes problemas de la educación en la Argentina y proponer contribuciones innovadoras en base a la articulación multiactoral. Porque si bien el Estado es responsable de la educación y tiene la obligación de garantizar la escolaridad de niñas, niños y adolescentes en todo el país desde una perspectiva de derechos, este grupo de empresas y fundaciones donantes proponen que se involucre al sector de manera estratégica y complementaria.

El posicionamiento se encuentra en la web actuarjuntos.org.ar y es presentado con la adhesión de 80 empresas y organizaciones que apoyan la iniciativa. Más empresas, fundaciones y OSC pueden apoyar la iniciativa adhiriendo a través de la web.
 

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