Repsol y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) han firmado este 1 de febrero en Colombia un convenio para llevar a cabo el Plan en Beneficio de las Comunidades de la Península de la Guajira en el norte de Colombia. Es la primera vez que el PNUD suscribe un acuerdo de colaboración con la industria petrolera en este país.Las Comunidades de estas zonas, integradas por el pueblo wayuu, solicitaron expresamente participar en el Plan.

Los pueblos indígenas de Latinoamérica tuvieron voz en la Junta de accionistas de Repsol YPF, que se celebró en Madrid. Particulares y fondos de inversión norteamericanos han cedido sus acciones -cerca de 800.000- para que Intermón Oxfam (IO) asista a la junta de accionistas y exija a la compañía una política de pueblos indígenas "transparente y verificable".

Reconociendo el importante papel de las comunidades indígenas y  los trabajadores forestales en la promoción y aplicación de políticas y programas del Ordenamiento Forestal Sustentable (SFM), el Forest Stewardship Council (FSC) aprobó durante su Asamblea General celebrada del 30 junio a 1 julio dos propuestas para incluir a los trabajadores forestales y a las comunidades indígenas en la Estrategia Global de certificación. El FSC se encuentra en proceso de revisión de su Principios & Criterios, donde los derechos aborígenes y los derechos laborales y condiciones de empleo tendrá una cláusula separada. 

Según Intermón Oxfam, la puesta en marcha de una Política de relación con los pueblos indígenas por parte de Repsol YPF es positiva pero hay algunos aspectos importantes a mejorar. La ONG destaca igualmente que es la primera vez que una petrolera conocida aprueba una política de este tipo.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitó a Panamá suspender la construcción de una hidroeléctrica de la empresa estadunidense AES, ante una denuncia de violación de derechos humanos de comunidades indígenas. La entidad pidió al gobierno panameño adoptar medidas cautelares para evitar daños irreparables al derecho de la propiedad y la seguridad de los indígena Ngöbe-Buglé, residentes en el Valle del Río Changuinola, en la occidental provincia de Bocas del Toro. En representación de las comunidades indígenas afectadas por la construcción de la Hidroeléctrica Chan 75, organizaciones ambientalistas de Panamá y Estados Unidos pidieron a la CIDH medidas cautelares para evitar más violaciones a sus derechos.

La construcción de una represa hidroeléctrica  que afectará zonas indígenas ha desatado una áspera discusión entre el Gobierno de Brasil y la Organización de Estados Americanos (OEA) La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió una medida cautelar donde pide suspender las obras de la central de Belo Monte que fue desestimada por Brasil en severos términos.