La OIT presenta una reseña del Informe “Maternity and paternity at work” que aborda disposiciones legislativas de los países en relación con la protección de la maternidad.  El informe advierte que si bien un número importante de países cumple con el Convenio 183 de la OIT, cerca de 830 millones de trabajadores carece de suficiente protección de la maternidad. Casi el 80 por ciento son de África y Asia.

La Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo) pone en marcha un curso de formación en Responsabilidad Social Empresaria (RSE) a pedido del Gobierno de Mendoza. El objetivo del curso es brindarles a los asistentes herramientas útiles para que puedan auditar a distintas organizaciones en función de lo que marca la ley 8.488, la norma de adhesión voluntaria que estimula la aplicación de prácticas y principios de RSE.

El Parlamento Europeo aprobó una norma para reducir el uso de bolsas plásticas en Europa. Los países de la UE tendrán que reducir el uso de las bolsas plásticas en un 50% para 2017 y en al menos un 80% para 2019.  Los diputados recomiendan el uso de impuestos y gravámenes, restricciones o prohibiciones de comercialización.

Ingresó en el Congreso Argentino un proyecto de ley que aspira a “fijar el marco jurídico mínimo” de la RSE en todo el país. Lo presentó en diciembre la senadora Liliana T. Negre de Alonso y tiene como objeto que las empresas registren un “balance social” con las acciones de RSE interna y externa realizadas, que será auditado por entidades certificadoras autorizadas. Además, fija beneficios fiscales y económicos para las empresas que presenten el balance y obtengan la “Etiqueta de Responsabilidad Social”.

La sección 1502 de la ley Dodd–Frank, aprobada en agosto de 2013, establece que para junio de este año las grandes empresas reguladas por la Comisión de Bolsa y Valores de EE.UU. deberán revelar si sus productos contienen “minerales de conflicto” (estaño, tantalio, tungsteno y oro) de la República Democrática del Congo. Además deberán implementar estrategias y planes de acción para mitigar los riesgos e impactos.  Algunas empresas responden con iniciativas y alianzas y otras tratan de apelar a la disposición.

El 2013 ha sido un año intenso para el mundo de la RSE y la Sustentabilidad. Fue el año de lanzamiento de las nuevas generaciones de los principales marcos e indicadores de reporte y gestión como el G4 del GRI, la 3ra. generación de los Indicadores Ethos y la de los principios de Ecuador. Asimismo fue el año de lanzamiento del nuevo marco de Reportes Integrados y de la nueva estrategia post 2015 del Pacto Global. Por otro lado, las legislaciones en Argentina comenzaron a dar otro papel al sector público siguiendo con las tendencias en Noruega y la Comisión Europa. Finalmente, el 2013 fue el año para la promoción de los DDHH. El Reino Unido lanzó su Plan Nacional de Acción y el sector privado no se quedó atrás, Nestlé presentó su libro blanco de los DDHH donde informa sobre sus impactos. 

El proyecto de ley presentado en Bruselas fue aprobado el 20 de noviembre por el Parlamento Europeo. La resolución fue aprobada con 459 votos a favor, 148 en contra y 81 abstenciones. Para entrar en vigor, la legislación tiene que ser aprobada por el Consejo de Ministros. 

La Confederación Regional de Organizaciones Empresariales se ha pronunciado en contra de la decisión de la Junta de Castilla y León de impulsar la denominada responsabilidad social empresarial ya que puede “acabar en una nueva distorsión del mercado al introducir elementos que discrimen a unas compañías frente a otras”. Según el proyecto de ley (2012), las compañías que aprueben un examen de RSE tendrán prioridad en la concesión de contratos y ayudas públicas.

El proyecto de ley que propone establecer un cupo mínimo de mujeres del 30% -en un plazo de 8 años- en empresas públicas y privadas del sector hidrocarburífero argentino consiguió dictamen favorable de las comisiones de Trabajo y Banca de la Mujer del Senado de la Nación. El proyecto sostiene que la incorporación de mujeres deberá ser gradual, a medida que se vayan produciendo vacantes, y progresiva de tal modo que se alcance un 10 % de mujeres durante los tres primeros años de vigencia de la ley, un 10 % más al cumplir el quinto año, y que se llegue al 30 % al cumplir el octavo año. Se les exigirá a las empresas la presentación de un informe anual ante el Ministerio de Trabajo y ante las dos Cámaras del Congreso.

El 29 de octubre se llevó a cabo una audiencia en Washington en donde la Central Unitaria de Trabajadores de Chile, la Confederación Sindical Internacional y la Confederación Sindical de Trabajadores/as de las Américas solicitan al Estado Chileno modificar el código laboral en funcionamiento desde la dictadura de Pinochet. La legislación reducir el papel de los sindicatos y evita la organización de los trabajadores.