Controversia entre petrolera y Comisión de Derechos Humanos

08.06.2011 | América Latina

Petróleos Mexicanos (Pemex) evade su responsabilidad por lo ocurrido en octubre de 2007 en el Golfo de Campeche, a bordo de la plataforma marina "Usumacinta", en donde perdieron la vida 22 personas y 68 más resultaron con lesiones, afirmó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), al señalar que esta paraestatal no acepta la recomendación enviada por este organismo, según informó E Universal. La empresa contestó que “se trata de recomendaciones respecto de las cuales la propia CNDH manifiesta expresamente en su oficio que no había tenido a su alcance la información suficiente para conocer la realidad de los hechos.


 

La petrolera afirma que “las recientes recomendaciones realizadas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) a Pemex Exploración y Producción (PEP), no fueron aceptadas en virtud de lo siguiente:
Se trata de recomendaciones respecto de las cuales la propia CNDH manifiesta expresamente en su oficio que no había tenido a su alcance la información suficiente para conocer la realidad de los hechos.
La información integral contenida en el informe que emitió Batelle no fue debidamente valorada y razonada, no obstante haber sido remitida oportunamente a la CNDH y ser del dominio público.
Los argumentos y elementos que PEP aportó al proceso de integración de la investigación no fueron valorados de manera adecuada por parte de la CNDH.
Las recomendaciones pretendían imponer obligaciones a cargo de terceras personas, respecto de las cuales PEP no tiene posibilidad legal y contractual de incidir para la atención de la recomendación.
La CNDH pretendía imponer la realización de actos a cargo de PEP, que materialmente son realizados por dicho organismo subsidiario, en virtud de formar parte de sus procedimientos normales de contratación y operación.
"Son infundados e insuficientes los motivos y explicaciones de la paraestatal para justificar el rechazo a la recomendación 14/2009 enviada", señala un comunicado de la CNDH.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos lamentó la abierta contradicción entre el llamado general hecho por el presidente de México, Felipe Calderón, para dar combate frontal a la impunidad y a la ilegalidad en cualquiera de sus formas, y la actitud evasiva en que incurre la paraestatal Pemex para evitar asumir responsabilidades derivadas de su participación en este caso.
También criticó el actuar de la Procuraduría General de la República (PGR) ante su negativa de proporcionar a la CNDH información útil para facilitar que se determinaran las violaciones a derechos fundamentales, a consecuencia del caso de la plataforma siniestrada en Campeche.
La CNDH reiteró los principales señalamientos a los que llegó tras reunir evidencias de las irregularidades en materia de seguridad prevalecientes en la plataforma Usumacinta el día de los hechos, entre otras, que los que equipos de respiración autónomos se encontraban encadenados y amarrados.
En su investigación, este organismo nacional detectó que las alarmas de emergencia nunca sonaron; que las puertas de los dormitorios estaban obstruidas; que los simulacros de seguridad en la plataforma se realizaban en forma incompleta; que las mandarinas (botes de emergencia) utilizados el día del accidente tenían las micas de las escotillas fijadas con pegamento de silicón, lo cual hizo que se inundaran al impacto de la marejada.
Las pruebas y los testimonios recabados y cuyo valor probatorio objeta Pemex, aclaró la CNDH, fueron adminiculados con otros medios de convicción y que sirvieron de base para acreditar las violaciones a los derechos humanos contenidas en la recomendación 14/2009.
La CNDH aseguró que la gravedad de los hechos -materia de esa recomendación-, en especial la pérdida de la vida de 22 trabajadores y las afectaciones a 68 personas lesionadas, así como los resultantes daños patrimoniales configuran responsabilidades civiles, administrativas e incluso penales que deben ser investigadas por las autoridades competentes a fin de evitar que los hechos y los presuntos responsables sean cobijados por la impunidad.
Por los hechos del 23 de octubre de 2007 en el Golfo de Campeche, la CNDH acreditó violaciones a los derechos fundamentales a la vida, a la integridad física, a la legalidad, la seguridad jurídica y a la seguridad en el centro de trabajo de los empleados de Pemex.
En su respuesta la empresa afirma: “no obstante lo anterior, y en función de la política de PEMEX en materia de transparencia y rendición de cuentas y con el objeto de probar que los actos de Pemex Exploración y Producción son apegados a derecho, PEP proporcionó a la CNDH toda la información existente y a su alcance, relativa a la atención que dentro de los procedimientos normales de su operación viene brindando en relación con cada una de las recomendaciones.

La petrolera afirma que “las recientes recomendaciones realizadas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) a Pemex Exploración y Producción (PEP), no fueron aceptadas en virtud de lo siguiente:


Se trata de recomendaciones respecto de las cuales la propia CNDH manifiesta expresamente en su oficio que no había tenido a su alcance la información suficiente para conocer la realidad de los hechos.

La información integral contenida en el informe que emitió Batelle no fue debidamente valorada y razonada, no obstante haber sido remitida oportunamente a la CNDH y ser del dominio público.

Los argumentos y elementos que PEP aportó al proceso de integración de la investigación no fueron valorados de manera adecuada por parte de la CNDH.

Las recomendaciones pretendían imponer obligaciones a cargo de terceras personas, respecto de las cuales PEP no tiene posibilidad legal y contractual de incidir para la atención de la recomendación.

La CNDH pretendía imponer la realización de actos a cargo de PEP, que materialmente son realizados por dicho organismo subsidiario, en virtud de formar parte de sus procedimientos normales de contratación y operación.
"Son infundados e insuficientes los motivos y explicaciones de la paraestatal para justificar el rechazo a la recomendación 14/2009 enviada", señala un comunicado de la CNDH.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos lamentó la abierta contradicción entre el llamado general hecho por el presidente de México, Felipe Calderón, para dar combate frontal a la impunidad y a la ilegalidad en cualquiera de sus formas, y la actitud evasiva en que incurre la paraestatal Pemex para evitar asumir responsabilidades derivadas de su participación en este caso.

También criticó el actuar de la Procuraduría General de la República (PGR) ante su negativa de proporcionar a la CNDH información útil para facilitar que se determinaran las violaciones a derechos fundamentales, a consecuencia del caso de la plataforma siniestrada en Campeche.

La CNDH reiteró los principales señalamientos a los que llegó tras reunir evidencias de las irregularidades en materia de seguridad prevalecientes en la plataforma Usumacinta el día de los hechos, entre otras, que los que equipos de respiración autónomos se encontraban encadenados y amarrados.

En su investigación, este organismo nacional detectó que las alarmas de emergencia nunca sonaron; que las puertas de los dormitorios estaban obstruidas; que los simulacros de seguridad en la plataforma se realizaban en forma incompleta; que las mandarinas (botes de emergencia) utilizados el día del accidente tenían las micas de las escotillas fijadas con pegamento de silicón, lo cual hizo que se inundaran al impacto de la marejada.

Las pruebas y los testimonios recabados y cuyo valor probatorio objeta Pemex, aclaró la CNDH, fueron adminiculados con otros medios de convicción y que sirvieron de base para acreditar las violaciones a los derechos humanos contenidas en la recomendación 14/2009.

La CNDH aseguró que la gravedad de los hechos -materia de esa recomendación-, en especial la pérdida de la vida de 22 trabajadores y las afectaciones a 68 personas lesionadas, así como los resultantes daños patrimoniales configuran responsabilidades civiles, administrativas e incluso penales que deben ser investigadas por las autoridades competentes a fin de evitar que los hechos y los presuntos responsables sean cobijados por la impunidad.

Por los hechos del 23 de octubre de 2007 en el Golfo de Campeche, la CNDH acreditó violaciones a los derechos fundamentales a la vida, a la integridad física, a la legalidad, la seguridad jurídica y a la seguridad en el centro de trabajo de los empleados de Pemex.

En su respuesta la empresa afirma: “no obstante lo anterior, y en función de la política de PEMEX en materia de transparencia y rendición de cuentas y con el objeto de probar que los actos de Pemex Exploración y Producción son apegados a derecho, PEP proporcionó a la CNDH toda la información existente y a su alcance, relativa a la atención que dentro de los procedimientos normales de su operación viene brindando en relación con cada una de las recomendaciones.