Demanda contra papeleras

02.11.2011 | Contratapa

En dos acciones simultáneas llevadas a cabo en la capital norteamericana, el Centro de Derechos Humanos y Ambiente (CEDHA) de Argentina junto al Servicio Argentino de Derechos Humanos, presentó en nombre de las comunidades y víctimas de Fray Bentos Uruguay y Gualeguaychú Argentina, de la Asamblea Ciudadana de Gualeguaychú, del Movimiento por la Vida el Trabajo y un Desarrollo Sustentable y el Grupo Ecológico de Young de Uruguay, del Gobernador y Vice Gobernador de Entre Ríos actuando a título personal, y de casi 40,000 firmantes, dos demandas a tribunales internacionales por la eventual instalación de dos plantas productoras de pulpa de papel, industria altamente contaminante que pone en riesgo a más de 300,000 personas que viven en las cercanías de las plantas, al ambiente de la región, a las aguas del Río Uruguay, y al mercado local basado en la pesca artesanal, el turismo y el descanso.


 

Romina Picolotti, Presidente y fundadora de CEDHA, acompañó y asesora a una delegación de Argentinos, que presentaron ante la Corporación Financiera Internacional (CFI) y ante la Comisión Inter-Americana de Derechos Humanos (CIDH), dos extensas demandas preparadas por CEDHA, que enumeran una larga lista de violaciones de derechos humanos consagrados en la Convención Interamericana y también violaciones a las políticas de la CFI (agencia del Banco Mundial que atiende al sector privado) respecto a protección del ambiente, la transparencia, el acceso a la información y la protección de aguas internacionales, todas políticas de salvaguardia establecidas por la CFI para asegurar la sustentabilidad de sus inversiones. El proyecto de las plantas ha sido elevado al Directorio del Banco Mundial para su aprobación, lo que sería inminente. Las denuncias también resaltan violaciones de otros tratados internacionales y bilaterales, tales como el Tratado del Río Uruguay que protege a las aguas fronterizas donde se ubicarían las plantas.
La delegación se reunió a primera hora con el Secretario de la Comisión, Santiago Cantón, quién recibió la demanda en nombre de la CIDH. La misma es acompañada en paralelo y por primera vez en este tipo de acción internacional ante un tribunal de derechos humanos, por una demanda simultánea ante un mecanismo de justicia de una institución financiera internacional (IFI), en este caso, el organismo de control de la Corporación Financiera Internacional, la CAO, cuyo Ombudsman, la Papuanuevaguinesa, Meg Taylor recibiera la denuncia pocas horas después. La demanda ante la CIDH esclarece cómo la degradación ambiental producida por estas papeleras violará derechos humanos por los que vela la CIDH, y llama, de manera inédita, a una colaboración técnica entre la CIDH y la CAO, a fin de asegurar la protección de las víctimas afectadas por la inversión multimillonaria. 
Las demandas son reforzadas por un despliegue de visitas durante toda la semana de la delegación, exponiendo y construyendo alianzas en el caso con diversos organismos internacionales, el Congreso y Tesorería de Estados Unidos, USAID, Organizaciones de la Sociedad Civil, expertos académicos en materia de derecho internacional público y derecho internacional ambiental, y ante medios de prensa incluyendo a CNN, prensa Argentina, Uruguaya y Europea. Paralelamente, CEDHA conjuntamente con sus pares en Entre Ríos, en Uruguay, y en el exterior, está lanzando una campaña internacional en contra de las papeleras y sus múltiples financiadores tales como los banco privados BBVA de España y ING de Holanda. Las acciones tienen el fin principal de frenar cualquier consideración por las multinacionales, de financiar este proyecto devastador. 
Las papeleras ENCE (España) y BOTNIA (Finlandia) son dos de las más grandes papeleras del mundo, con una larga historia de contaminación, fuertes rechazos por parte de  las comunidades vecinas a sus fábricas y severos problemas con la ley. Sin embargo, lograron convencer al gobierno Uruguayo que abra sus puertas para la inversión más grande de la historia del país: un proyecto de más de 1,000 millones de euros (1,200 millones de dólares). Las papeleras utilizarán tecnología de segunda categoría en la producción de la pulpa. Emplearan un proceso de alto contenido de cloro que combinado con los químicos propios de este tipo de producción, resultará en el descargue de monóxido de carbono, dióxido de azufre, y de dióxido de cloro que resultan en la introducción de dioxinas y halógenos orgánicos absorbibles, en el agua y la atmósfera. También se generará una acumulación preocupante de residuos de plomo, cadmio, cromo, y arsénico en el suelo y en las aguas de la zona. Todos estos elementos son causantes comprobados de una larga lista de enfermedades relacionadas con problemas de desorden genético, cáncer, respiratorios, y enfermedades cutáneas. 
Para más información contactar a: Jorge Daniel Taillant, Romina Picolotti, Angeles Pereira Centro de Derechos Humanos y Ambiente (CEDHA)
00 54 351 425-6278

Romina Picolotti, Presidente y fundadora de CEDHA, acompañó y asesora a una delegación de Argentinos, que presentaron ante la Corporación Financiera Internacional (CFI) y ante la Comisión Inter-Americana de Derechos Humanos (CIDH), dos extensas demandas preparadas por CEDHA, que enumeran una larga lista de violaciones de derechos humanos consagrados en la Convención Interamericana y también violaciones a las políticas de la CFI (agencia del Banco Mundial que atiende al sector privado) respecto a protección del ambiente, la transparencia, el acceso a la información y la protección de aguas internacionales, todas políticas de salvaguardia establecidas por la CFI para asegurar la sustentabilidad de sus inversiones. El proyecto de las plantas ha sido elevado al Directorio del Banco Mundial para su aprobación, lo que sería inminente. Las denuncias también resaltan violaciones de otros tratados internacionales y bilaterales, tales como el Tratado del Río Uruguay que protege a las aguas fronterizas donde se ubicarían las plantas.

La delegación se reunió a primera hora con el Secretario de la Comisión, Santiago Cantón, quién recibió la demanda en nombre de la CIDH. La misma es acompañada en paralelo y por primera vez en este tipo de acción internacional ante un tribunal de derechos humanos, por una demanda simultánea ante un mecanismo de justicia de una institución financiera internacional (IFI), en este caso, el organismo de control de la Corporación Financiera Internacional, la CAO, cuyo Ombudsman, la Papuanuevaguinesa, Meg Taylor recibiera la denuncia pocas horas después. La demanda ante la CIDH esclarece cómo la degradación ambiental producida por estas papeleras violará derechos humanos por los que vela la CIDH, y llama, de manera inédita, a una colaboración técnica entre la CIDH y la CAO, a fin de asegurar la protección de las víctimas afectadas por la inversión multimillonaria. 

Las demandas son reforzadas por un despliegue de visitas durante toda la semana de la delegación, exponiendo y construyendo alianzas en el caso con diversos organismos internacionales, el Congreso y Tesorería de Estados Unidos, USAID, Organizaciones de la Sociedad Civil, expertos académicos en materia de derecho internacional público y derecho internacional ambiental, y ante medios de prensa incluyendo a CNN, prensa Argentina, Uruguaya y Europea. Paralelamente, CEDHA conjuntamente con sus pares en Entre Ríos, en Uruguay, y en el exterior, está lanzando una campaña internacional en contra de las papeleras y sus múltiples financiadores tales como los banco privados BBVA de España y ING de Holanda. Las acciones tienen el fin principal de frenar cualquier consideración por las multinacionales, de financiar este proyecto devastador. 

Las papeleras ENCE (España) y BOTNIA (Finlandia) son dos de las más grandes papeleras del mundo, con una larga historia de contaminación, fuertes rechazos por parte de  las comunidades vecinas a sus fábricas y severos problemas con la ley. Sin embargo, lograron convencer al gobierno Uruguayo que abra sus puertas para la inversión más grande de la historia del país: un proyecto de más de 1,000 millones de euros (1,200 millones de dólares). Las papeleras utilizarán tecnología de segunda categoría en la producción de la pulpa. Emplearan un proceso de alto contenido de cloro que combinado con los químicos propios de este tipo de producción, resultará en el descargue de monóxido de carbono, dióxido de azufre, y de dióxido de cloro que resultan en la introducción de dioxinas y halógenos orgánicos absorbibles, en el agua y la atmósfera. También se generará una acumulación preocupante de residuos de plomo, cadmio, cromo, y arsénico en el suelo y en las aguas de la zona. Todos estos elementos son causantes comprobados de una larga lista de enfermedades relacionadas con problemas de desorden genético, cáncer, respiratorios, y enfermedades cutáneas. 
Para más información contactar a: Jorge Daniel Taillant, Romina Picolotti, Angeles Pereira Centro de Derechos Humanos y Ambiente (CEDHA)
00 54 351 425-6278daniel@cedha.org.ar