El informe de Intermón Oxfam  “La empresa española y los derechos humanos. Claves para una internacionalización responsable” indagó sobre el rol del sector privado español en el extranjero, principalmente el del sector agroalimentario. 

El informe analizó la contribución de la inversión española en el extranjero en la creación de crecimiento económico sostenible, reducción de la pobreza y respeto de los derechos humanos.

Constató que el sector privado español en el extranjero debe mejorar su impacto en DD.HH. ante las malas prácticas detectadas en distintas compañías.

La investigación detalla distintos estudios de caso en las que las prácticas empresariales han de mejorar.

En Latinoamérica, la compañía española Pescanova, la primera proveedora de pescado del mundo, ha sido denunciada en numerosas ocasiones por prácticas laborales abusivas.

Según el Tribunal Permanente de los Pueblos en Nicaragua, los trabajadores de esta filial están obligados a cumplir jornadas de 12 horas sin descanso semanal, las condiciones de salubridad son malas y la empresa ha limitado el derecho de los trabajadores a sindicarse.

Asimismo, desde que Hidralia llegó al municipio guatemalteco de Santa Cruz de Barillas para construir una hidroeléctrica, está ocasionando grandes conflictos en las comunidades, ya que no tuvo en cuenta los resultados de una consulta comunitaria previa que rechazaba la inversión. La imposición de la hidroeléctrica y la insuficiente información y consulta a las poblaciones inició un conflicto que aún persiste y que ha dejado un balance de dos personas muertas, más de 30 órdenes de captura y la orden de un estado de sitio, medidas desmesuradas según ha calificado el Alto Comisionado de las NN. UU.

Ante estas malas prácticas, el informe recomienda, entre otras acciones, que las empresas realicen sus inversiones con la premisa de que su actividad sea un valor añadido también para las comunidades rurales, los pequeños agricultores y el medio ambiente. Las compañías deben de prever las repercusiones sociales y medioambientales que su actividad puede ocasionar a lo largo de toda su actividad, y ser transparentes señalando dónde y cómo producen, y poniendo en marcha políticas específicas de mujeres.

El informe también detalla la actuación que la empresa arrocera Ebro Foods está llevando a cabo en Marruecos. En lugar de ser un motor económico, las comunidades se quejan de que  ha sido una fuente de problemas. Ebro Foods se ha beneficiado de  mano de obra barata, tierras y agua, sin que a cambio haya capacitado a los agricultores ni haya invertido en sus instalaciones. Además, el alto uso de fertilizantes ha contaminado las aguas.

Otro ejemplo claro de vulneración de derechos ocurre en Guinea Bissau con otra empresa arrocera: Agrogeba. Con su llegada en 2010 al país, más de 600 personas fueron expulsadas de sus tierras, sin recibir compensación alguna, teniendo que huir y buscar nuevas tierras donde vivir. 

“En un contexto de crisis, es comprensible que se impulse la salida de las compañías a terceros países, pero esta internacionalización no debe hacerse a cualquier precio: no en perjuicio de las personas,  de las comunidades y de la vulneración de sus derechos. Con una inversión responsable ganamos todos: la empresa será mejor valorada y con ello aumentarán sus ventas; el Gobierno obtendrá la mejor carta de presentación de España ante el exterior “, explica el director del departamento de Campañas y Ciudadanía, Jaime Atienza.

“Ante este escenario es importante que el Estado español sea un sólido garante de los derechos frente a la actuación de las empresas, dentro y fuera de nuestras fronteras, si quiere que contribuyan positivamente a la Marca España. Las empresas que inviertan bien, con prácticas sostenibles y políticas de protección de los derechos humanos serán las mejores embajadoras de la imagen española”, señala Atienza.

 El nuevo marco normativo como la futura Directiva sobre Reportes no Financieros de la Unión Europea y el el Plan Nacional sobre Empresa y Derechos Humanos de España brindan una oportunidad única a empresas y Gobierno para que la inversión privada en el exterior sea responsable.