El BNDES habría financiado fincas con deforestación y trabajo esclavo

06.07.2011 | América Latina

Frigoríficos adquirieron fincas ganaderas que trabajan con riesgo de deforestación y condiciones de trabajo esclavo con fondos del estatal Banco Nacional Económico y Social (BNDES), de acuerdo con una auditoría realizada por el Tribunal de Cuentas (TCU). Según la auditoría, ocurrió debido a un fallo de coordinación de la Casa Civil, informó el site Amozonia.org


 

El informe del TCU es en respuesta a una solicitud de información formulada por la Comisión de la Amazonia, Integración Nacional y Desarrollo Regional, la Cámara de Diputados, realizada en noviembre de 2009. 
La Comisión determinó la revisión por parte del BNDES, el Banco da Amazônia (Basa), el Banco do Brasil y Caixa Económica Federal, para comprobar si estos bancos son responsables de la deforestación ilegal en el Amazonas.
El objetivo de la auditoría fue determinar si las directrices adoptadas por los bancos en la concesión de financiación oficial a las actividades agrícolas en el Amazonas están en conformidad con la legislación y políticas ambientales para reducir la deforestación, y sí la provisión de crédito rural induce  la adopción de prácticas sostenibles en la región.
El informe concluyó que las directrices adoptadas por los bancos están en conformidad con la legislación medioambiental, especialmente después de que el Consejo Monetario Nacional comenzó a exigir en 2008 el cumplimiento ambiental en la financiación de la agricultura en la Amazonia. Sin embargo, en la auditoría se encuentran incoherencias entre las políticas de fomento de la actividad agrícola y las políticas ambientales.
Según el documento, el Banco ha invertido 12 millones de dólares en los frigoríficos de la Amazonía, donde 10 millones de dólares se otorgaron bajo la Política de Desarrollo Productivo (PDP). 
"La ganadería es conocida por ser un importante factor de la deforestación en el Amazonas. En este escenario, cualquier inversión pública en el sector ganadero debe involucrar estrictas medidas de seguridad del medio ambiente. Sin embargo, el Ministerio de Medio Ambiente no participó en la formulación de esta política", dijo el informe.
De acuerdo con TCU, la auditoría identificó un fracaso de la coordinación civil y la articulación entre el PPD y las políticas ambientales, tales como el Plan de Acción para la Prevención y Control de la Deforestación en la Amazonía (PPCDAM) y el Plan Amazonia Sustentable (PAS). "Como consecuencia, hubo algunos frigoríficos que se beneficiaron de la financiación del BNDES y han adquirido fincas ganaderas que participan en la deforestación ilegal y la mano de obra esclava."(Amazonia.org.br, traducida por ComunicaRSE).

El informe del TCU es en respuesta a una solicitud de información formulada por la Comisión de la Amazonia, Integración Nacional y Desarrollo Regional, la Cámara de Diputados, realizada en noviembre de 2009. 
La Comisión determinó la revisión por parte del BNDES, el Banco da Amazônia (Basa), el Banco do Brasil y Caixa Económica Federal, para comprobar si estos bancos son responsables de la deforestación ilegal en el Amazonas.
El objetivo de la auditoría fue determinar si las directrices adoptadas por los bancos en la concesión de financiación oficial a las actividades agrícolas en el Amazonas están en conformidad con la legislación y políticas ambientales para reducir la deforestación, y sí la provisión de crédito rural induce  la adopción de prácticas sostenibles en la región.

El informe concluyó que las directrices adoptadas por los bancos están en conformidad con la legislación medioambiental, especialmente después de que el Consejo Monetario Nacional comenzó a exigir en 2008 el cumplimiento ambiental en la financiación de la agricultura en la Amazonia. Sin embargo, en la auditoría se encuentran incoherencias entre las políticas de fomento de la actividad agrícola y las políticas ambientales.
Según el documento, el Banco ha invertido 12 millones de dólares en los frigoríficos de la Amazonía, donde 10 millones de dólares se otorgaron bajo la Política de Desarrollo Productivo (PDP). 

"La ganadería es conocida por ser un importante factor de la deforestación en el Amazonas. En este escenario, cualquier inversión pública en el sector ganadero debe involucrar estrictas medidas de seguridad del medio ambiente. Sin embargo, el Ministerio de Medio Ambiente no participó en la formulación de esta política", dijo el informe.
De acuerdo con TCU, la auditoría identificó un fracaso de la coordinación civil y la articulación entre el PPD y las políticas ambientales, tales como el Plan de Acción para la Prevención y Control de la Deforestación en la Amazonía (PPCDAM) y el Plan Amazonia Sustentable (PAS). "Como consecuencia, hubo algunos frigoríficos que se beneficiaron de la financiación del BNDES y han adquirido fincas ganaderas que participan en la deforestación ilegal y la mano de obra esclava."

(Amazonia.org.br, traducida por ComunicaRSE).