Sobre la consecución de los objetivos del plan por parte de la Economía Social, Pedreño ha asegurado que “CEPES está convencido de que las empresas de la Economía Social cumplirán los objetivos de este plan a favor de los derechos humanos, debido a que son un modelo empresarial que combina rentabilidad económica y social, donde las decisiones de toman de manera democrática y transparente entre todos sus miembros, a la vez que tienen un gran compromiso con su territorio”, ha añadido Pedreño.

“Los objetivos del Plan contribuyen a visibilizar y mejorar los comportamientos socialmente responsables del tejido empresarial español (tanto en España como en el exterior), estableciendo mecanismos para evaluar, corregir y sancionar, en caso necesario, el grado de compromiso de las actividades empresariales en relación a los derechos humanos”, ha señalado el presidente de CEPES, Juan Antonio Pedreño.

CEPES también solicita un diagnóstico exhaustivo sobre las políticas, actividades de reglamentación y sometimiento a la justicia del Plan. Asimismo, propone que se incluya la identificación de experiencias empresariales, de los instrumentos utilizados y sus resultados, de manera que el diagnóstico incluya elementos de referencia práctica en las empresas.

La Patronal de la Economía Social también considera muy apropiadas las acciones del Plan destinadas a la capacitación de las embajadas, oficinas sectoriales y otras agencias encargadas de la internalización empresarial. A este respecto, propone incluir las unidades en el sistema de cooperación al desarrollo (Oficinas Técnicas de Cooperación de la AECID).

CEPES, como Patronal de la Economía Social, defiende la transparencia empresarial y propone al Gobierno excluir de la contratación pública (acceso a subvenciones, contratos públicos y otro tipo de ventajas a las empresas) a aquellas empresas que incumplan el Plan, de manera que no se limite esta medida al ámbito del respeto de los derechos humanos en zonas afectadas por conflictos.

Asimismo, CEPES solicita clarificar qué empresas estarán incluidas en el Plan, ya que el borrador del Gobierno está referido a empresas privadas y de capital público de más de 1.000 empleados, mientras que la Comisión Europea establece que debe aplicarse a compañías de más de 500 empleados y cuyo balance supere los 20 millones de euros o cuyo volumen de negocio neto supere 40 millones de euros.