El secreto bancario desaparecerá de la Unión Europea en 2017

20.10.2014 | Europa

Los ministros de Finanzas de los 28 países de la Unión Europea han alcanzado un acuerdo político para ampliar a todos los tipos de ingresos el intercambio automático obligatorio de información tributaria entre los Estados miembros. El objetivo de esta iniciativa, que se aplicará a partir de 2017, es reforzar la lucha contra el fraude y la evasión fiscal.


El compromiso, alcanzado por unanimidad como exigen las cuestiones fiscales, ha sido posible después de que Luxemburgo y Austria, los dos únicos países de la UE que mantienen el secreto bancario, levantaran sus reservas.

La nueva norma, entrará en vigor en 2017 (2018 para Austria) y se adecúa a un estándar mundial fijado por la OCDE.  Los dividendos, plusvalías de capital y otras formas de ingresos financieros, además de los saldos de cuentas se añaden a la lista de datos ya sujetos al intercambio automático de información en la UE. Se añaden así al intercambio automático de datos pactado en marzo de 2013: ahorros, rendimientos del trabajo, remuneración de directivos, seguros, pensiones y viviendas y rendimientos inmobiliarios.

El intercambio automático de todas estas informaciones fiscales dejará sin efecto el secreto bancario.

"El secreto bancario ha muerto y el intercambio automático de información se aplicará de la forma más amplia. Los Estados miembros cooperarán plenamente abriendo los escondites tradicionales de los evasores fiscales", ha señalado Algirdas Semeta, comisario europeo de temas fiscales.

Varios factores han sido cruciales para que prosperara una iniciativa impulsada por España, Alemania, Francia, Reino Unido, Italia y Polonia.

Por un lado, el hecho que el G-20 tenga previsto redefinir los estándares globales a final de mes, también, la presión de Estados Unidos con el acuerdo FACTA (Foreign account tax compliance act), y las negociaciones para ampliar el intercambio de datos con Suiza.

Cuando entre en vigor, cada socio deberá entregar todas las informaciones en su poder sobre los activos financieros en su territorio que detengan personas o entidades no residentes.