Empeora la situación de los derechos sindicales

14.06.2011 | Mundo

2008 fue otro año difícil y con frecuencia peligroso para los sindicalistas de todo el mundo. Así lo declara el Informe Anual de la CSI de este año sobre las Violaciones de los Derechos Sindicales, en el cual se detallan abusos de los derechos fundamentales de los trabajadores en 143 países. Un total de 76 sindicalistas fueron asesinados por llevar a cabo acciones en defensa de los derechos de los trabajadores, y otros muchos fueron agredidos físicamente, sometidos a acoso e intimidación o arrestados por las autoridades. El número total de muertes en el mundo ha disminuido con respecto a las 91 que se registraron el año anterior. Sin embargo, en Colombia, que destaca como el lugar más peligroso del planeta para los sindicalistas, se produjo un recrudecimiento de los asesinatos y la cifra ascendió a 49 – 10 más que el año pasado – a pesar de que la Administración del Presidente colombiano Álvaro Uribe garantizara que la situación estaba mejorando.


 

Aparte del abrumador número de víctimas mortales en Colombia, nueve sindicalistas fueron asesinados en Guatemala, donde en los últimos años se ha experimentado un incremento de ataques violentos contra miembros y representantes sindicales. Cuatro sindicalistas fueron asesinados en Filipinas así como en Venezuela, tres en Honduras, dos en Nepal y uno en Iraq, en Nigeria, en Panamá, en Túnez y en Zimbabwe, donde el régimen de Mugabe mantiene su reinado de terror contra el movimiento sindical del país. En varios casos los gobiernos estuvieron directa o indirectamente involucrados en los asesinatos. También se registraron un total de 50 amenazas de muerte graves en siete países, junto con unos 100 casos de agresiones físicas en 25 países.
Los gobiernos de al menos nueve países (Birmania, Burundi, China, Corea del Sur, Cuba, Irán, Túnez, Turquía y Zimbabwe) fueron responsables del encarcelamiento de sindicalistas a causa de sus actividades legítimas en apoyo a la gente trabajadora.“Está claro que los gobiernos de cada una de las regiones están fracasando a la hora de proteger los derechos fundamentales de los trabajadores, y en varios casos ellos mismos son responsables de la fuerte represión de estos derechos. El hecho de que ciertos países como Colombia, Guatemala y Filipinas aparezcan año tras año en la lista de asesinatos indica que las autoridades son, como mucho, incapaces de asegurar una protección adecuada, y en algunas ocasiones llegan a ser cómplices de unos empleadores sin escrúpulos en la perpetración de los asesinatos”, dijo Guy Ryder, Secretario General de la CSI.
Se registraron unos 7.500 casos de despidos de trabajadores y trabajadoras implicados en actividades sindicales en un total de 68 países, 20 de los cuales en África solamente. No obstante, estos casos no son más que la punta del iceberg, ya que muchísimos otros despidos no se registran. Turquía se llevó la palma con más de 2.000 casos de despidos y un gobierno que persiste en su intolerancia frente a las actividades sindicales en general. El segundo de la lista es Indonesia, con 600 despidos. Y cientos fueron también despedidos en Malawi, Pakistán, Tanzania y Argentina.
En Birmania, China, Laos, Corea del Norte, Vietnam y varios otros países, sólo se permitió la actividad de los sindicatos oficiales controlados por el Estado, mientras que en Arabia Saudita la actividad sindical genuina sigue siendo prácticamente imposible. En Belarús persistió durante la mayor parte del año una intensa injerencia por parte del gobierno en los asuntos de los sindicatos.
Las repercusiones de la situación económica mundial en los derechos de los trabajadores ha sido un rasgo prominente en muchos países. En particular, gran parte de la represión por toda África consistió en severas reacciones por parte de los gobiernos contra los trabajadores que intentaban obtener mejoras salariales al verse afectados por la crisis alimentaria, con cifras cada vez más altas de familias incapaces de alimentarse convenientemente. Y resulta increíble, pero muchos de los más afectados son trabajadores del mismísimo sector agrícola. Hacia finales de 2008 se empezaron a notar los efectos de la crisis financiera global, que implicó una opresión aún mayor en la seguridad laboral, los salarios y las condiciones de trabajo.
La creciente tendencia a explotar y atacar duramente los derechos de los trabajadores en las Zonas Francas Industriales (ZFI) del mundo – característica presente en años anteriores – empeoró en 2008. En el informe se citan 34 países donde la protección de los trabajadores de las ZFI es inadecuada o inexistente, entre ellos Albania, las Bahamas, Belice, Costa Rica, , El Salvador, Guatemala, Honduras, Jamaica, Jordania, México, Nicaragua, Omán, Polonia y República Dominicana. Otros 22 países han sido fichados por la explotación de los trabajadores migrantes, a los cuales se les suele negar hasta los derechos más básicos, y cuya situación los convierte a menudo en los trabajadores más vulnerables a la explotación y el abuso.
“Cientos de millones de personas trabajadoras, tanto en países en desarrollo como en los industrializados, ven denegados sus derechos fundamentales de libertad sindical y negociación colectiva. Para muchos, sobre todo aquellos con empleos precarios, esta negación causa estragos en sus vidas, dado que se ven obligados a trabajar horas larguísimas en situaciones peligrosas o insalubres, a cambio de unos ingresos tan bajos que no logran mantenerse a sí mismos ni a sus familias. La falta de respeto por los derechos de los trabajadores ha supuesto mayores desigualdades en todo el mundo, y esto ha contribuido a que se dispare la recesión mundial”, dijo Ryder.
El Informe también pone de manifiesto las inquietantes tendencias con relación a los derechos laborales en los países industrializados, donde se recurre cada vez más al empleo de mano de obra temporal y de agencias de subcontratación, mermando así los ingresos, las condiciones y los derechos en el trabajo. Del lado positivo cabe señalar que los cambios de gobierno en Australia y en EEUU han traído promesas de protección para los trabajadores y trabajadoras en ambos países, donde los datos de años anteriores habían sido sumamente deficientes.
Los trabajadores de Burkina Faso, Kenya y Mozambique también tuvieron motivos de optimismo tras la aprobación de nuevas legislaciones que reconocen y permiten la organización sindical, mientras que en las Maldivas, la nueva Constitución del país garantiza la libertad sindical y el derecho de huelga.

Aparte del abrumador número de víctimas mortales en Colombia, nueve sindicalistas fueron asesinados en Guatemala, donde en los últimos años se ha experimentado un incremento de ataques violentos contra miembros y representantes sindicales. Cuatro sindicalistas fueron asesinados en Filipinas así como en Venezuela, tres en Honduras, dos en Nepal y uno en Iraq, en Nigeria, en Panamá, en Túnez y en Zimbabwe, donde el régimen de Mugabe mantiene su reinado de terror contra el movimiento sindical del país. En varios casos los gobiernos estuvieron directa o indirectamente involucrados en los asesinatos. También se registraron un total de 50 amenazas de muerte graves en siete países, junto con unos 100 casos de agresiones físicas en 25 países.

Los gobiernos de al menos nueve países (Birmania, Burundi, China, Corea del Sur, Cuba, Irán, Túnez, Turquía y Zimbabwe) fueron responsables del encarcelamiento de sindicalistas a causa de sus actividades legítimas en apoyo a la gente trabajadora.“Está claro que los gobiernos de cada una de las regiones están fracasando a la hora de proteger los derechos fundamentales de los trabajadores, y en varios casos ellos mismos son responsables de la fuerte represión de estos derechos. El hecho de que ciertos países como Colombia, Guatemala y Filipinas aparezcan año tras año en la lista de asesinatos indica que las autoridades son, como mucho, incapaces de asegurar una protección adecuada, y en algunas ocasiones llegan a ser cómplices de unos empleadores sin escrúpulos en la perpetración de los asesinatos”, dijo Guy Ryder, Secretario General de la CSI.

Se registraron unos 7.500 casos de despidos de trabajadores y trabajadoras implicados en actividades sindicales en un total de 68 países, 20 de los cuales en África solamente. No obstante, estos casos no son más que la punta del iceberg, ya que muchísimos otros despidos no se registran. Turquía se llevó la palma con más de 2.000 casos de despidos y un gobierno que persiste en su intolerancia frente a las actividades sindicales en general. El segundo de la lista es Indonesia, con 600 despidos. Y cientos fueron también despedidos en Malawi, Pakistán, Tanzania y Argentina.

En Birmania, China, Laos, Corea del Norte, Vietnam y varios otros países, sólo se permitió la actividad de los sindicatos oficiales controlados por el Estado, mientras que en Arabia Saudita la actividad sindical genuina sigue siendo prácticamente imposible. En Belarús persistió durante la mayor parte del año una intensa injerencia por parte del gobierno en los asuntos de los sindicatos.

Las repercusiones de la situación económica mundial en los derechos de los trabajadores ha sido un rasgo prominente en muchos países. En particular, gran parte de la represión por toda África consistió en severas reacciones por parte de los gobiernos contra los trabajadores que intentaban obtener mejoras salariales al verse afectados por la crisis alimentaria, con cifras cada vez más altas de familias incapaces de alimentarse convenientemente. Y resulta increíble, pero muchos de los más afectados son trabajadores del mismísimo sector agrícola. Hacia finales de 2008 se empezaron a notar los efectos de la crisis financiera global, que implicó una opresión aún mayor en la seguridad laboral, los salarios y las condiciones de trabajo.

La creciente tendencia a explotar y atacar duramente los derechos de los trabajadores en las Zonas Francas Industriales (ZFI) del mundo – característica presente en años anteriores – empeoró en 2008. En el informe se citan 34 países donde la protección de los trabajadores de las ZFI es inadecuada o inexistente, entre ellos Albania, las Bahamas, Belice, Costa Rica, , El Salvador, Guatemala, Honduras, Jamaica, Jordania, México, Nicaragua, Omán, Polonia y República Dominicana. Otros 22 países han sido fichados por la explotación de los trabajadores migrantes, a los cuales se les suele negar hasta los derechos más básicos, y cuya situación los convierte a menudo en los trabajadores más vulnerables a la explotación y el abuso.

“Cientos de millones de personas trabajadoras, tanto en países en desarrollo como en los industrializados, ven denegados sus derechos fundamentales de libertad sindical y negociación colectiva. Para muchos, sobre todo aquellos con empleos precarios, esta negación causa estragos en sus vidas, dado que se ven obligados a trabajar horas larguísimas en situaciones peligrosas o insalubres, a cambio de unos ingresos tan bajos que no logran mantenerse a sí mismos ni a sus familias. La falta de respeto por los derechos de los trabajadores ha supuesto mayores desigualdades en todo el mundo, y esto ha contribuido a que se dispare la recesión mundial”, dijo Ryder.

El Informe también pone de manifiesto las inquietantes tendencias con relación a los derechos laborales en los países industrializados, donde se recurre cada vez más al empleo de mano de obra temporal y de agencias de subcontratación, mermando así los ingresos, las condiciones y los derechos en el trabajo. Del lado positivo cabe señalar que los cambios de gobierno en Australia y en EEUU han traído promesas de protección para los trabajadores y trabajadoras en ambos países, donde los datos de años anteriores habían sido sumamente deficientes.
Los trabajadores de Burkina Faso, Kenya y Mozambique también tuvieron motivos de optimismo tras la aprobación de nuevas legislaciones que reconocen y permiten la organización sindical, mientras que en las Maldivas, la nueva Constitución del país garantiza la libertad sindical y el derecho de huelga.