Someter a un trabajador migrante a condiciones particulares de explotación laboral es un delito que en algunos Estados miembros de la UE se castiga con una pena máxima de dos años de privación de libertad, lo cual no se corresponde con la gravedad de la vulneración de derechos implicados.

«La explotación de trabajadores obligados por sus circunstancias económicas y sociales a aceptar unas condiciones de trabajo inferiores a las normas es inaceptable», señaló el Director provisional de la FRA Constantinos Manolopoulos. «Estamos hablando de un problema endémico, y para acabar con él debemos emprender medidas urgentes. Es necesario que los Estados miembros de la UE dediquen un mayor esfuerzo a fomentar la "tolerancia cero" en relación con las formas graves de explotación laboral, que adopten medidas para controlar la situación con mayor eficacia y que sancionen a los autores».

La investigación de la FRA se plasma en el primer informe de su clase en el que se examinan todas las formas de explotación laboral en la UE que afectan a trabajadores que se desplazan dentro o hacia la UE. Las conclusiones indican que la explotación laboral delictiva y/o criminal es amplia en una serie de sectores, en particular en la agricultura, la construcción, la hostelería y la restauración, el trabajo doméstico y la industria manufacturera, lo que se suma a un escaso riesgo de que los autores se enfrenten ante procesos penales o sean obligados a compensar a las víctimas. Esta situación no solo perjudica a las propias víctimas, sino que también socava las normas laborales en un sentido más amplio.

Aunque los trabajadores explotados están repartidos por diversas áreas geográficas y sectores económicos, suelen tener mucho en común, como el salario bajo (en ocasiones de 1 euro por hora o menos) o las jornadas laborales de 12 horas o más durante seis e incluso siete días a la semana. Un factor importante que contribuye a la presente situación de impunidad generalizada es que las víctimas no denuncian los hechos, dado que o bien se les impide hacerlo o no lo desean por temor a perder su empleo.

Entre las propuestas que realiza la FRA para mejorar la situación cabe citar las siguientes:

• · Los Estados miembros deben garantizar inspecciones laborales exhaustivas, eficaces y con los recursos necesarios.
• · Para mejorar la eficacia de las investigaciones de casos de explotación laboral severa debe haber una estrecha colaboración entre la policía, la fiscalía y las autoridades responsables del control (p. ej., inspecciones de trabajo, servicios auxiliares y asociaciones de empresarios), incluso en contextos fronterizos.  
• · Es necesario reforzar el acceso de las víctimas a la justicia, por ejemplo, propiciando que las víctimas sean más conscientes de sus derechos tanto antes como después de su llegada al país de la UE en el que trabajen.
• · Las autoridades nacionales deben inspirar confianza y ofrecer sensación de seguridad y protección a fin de que los trabajadores sometidos a explotación se animen a denunciar sus experiencias, mientras que las inspecciones de trabajo y la policía deben colaborar más estrechamente para garantizar que se identifican los casos de explotación laboral grave siempre que se produzcan.

 · Se insta tanto a las empresas privadas como a las autoridades nacionales a que no respalden la explotación laboral mediante la contratación o la subcontratación de empresas que realizan tales prácticas.

• · Los consumidores deben estar informados del riesgo de que el origen de un producto o servicio determinados esté relacionado con la explotación laboral severa, y una manera de hacerlo es crear un sistema de certificación y marcas de productos que respeten los derechos de los trabajadores.