"Es crucial que la legislación relevante europea y nacional se implemente y aplique cuidadosamente dada la persistencia de la desigualdad y la discriminación por razones de género", admitió el comisario de Empleo, Asuntos Sociales e Igualdad de Oportunidades, Vladimir Spidla.

El informe presentado concluye que la directiva comunitaria "ha beneficiado a los trabajadores a través de una mayor protección contra la discriminación basada en el género y ofreciendo definiciones más claras" de lo que es una discriminación.

Aunque la directiva se ha aplicado de forma "satisfactoria en general", Bruselas recuerda en su informe que varios Estados miembros, incluido España, todavía no ha traspuesto en su totalidad "todos los requerimientos" de la directiva, tal y como deberían haber hecho antes del pasado 5 de octubre de 2005.

La Comisión ha abierto procedimientos de infracción contra España, Austria, Bélgica, Alemania, Dinamarca, Finlandia, Luxemburgo y Países Bajos por no transponer todas las disposiciones de la directiva antes del plazo límite. Bélgica y Luxemburgo ya han resuelto sus problemas de trasposición, después de que Bruselas llevara sus casos ante Tribunal de Justicia de la UE.

El informe constata el papel "clave" de las autoridades nacionales competentes para luchar contra la discriminación, "especialmente para asistir a las víctimas" de la misma dado que son más proclives a acudir a algún órgano nacional que vela por la igualdad de género que a denunciar su caso ante los tribunales.

El informe también pone de relieve que los agentes sociales, empleadores y ONG que trabajan por la igualdad de género tienen un papel "muy diferente" en los distintos Estados miembros para contribuir a la igualdad.

A juicio del comisario, "la implicación de todos los actores --las autoridades, los agentes sociales, ONG, organismos de género y la sociedad en general-- es esencial si queremos un uso efectivo de las herramientas para erradicar la discriminación provistas en esta directiva".

La directiva no sólo garantizó por ley la prohibición del acoso sexual, sino que también extiende el alcance de la protección para las víctimas de la discriminación por motivos de género. Asimismo, garantiza que toda mujer embarazada o de baja maternal podrá reincorporarse a su puesto de trabajo y beneficiarse de cualquier promoción laboral a las que tendría derecho si no hubiera cogido la baja.

La directiva también obliga a los Estados miembros a designar un organismo nacional que vele por la igualdad de género, encargado de asistir a las víctimas y, por otra parte, obliga a ofrecer procedimientos judiciales y administrativos para garantizar a las víctimas la posibilidad de reclamar una compensación y aplicar sanciones en los casos en los que la igualdad de género no sea respetada.

(Europa Press)