En América Latina la incursión de los municipios en la RSE aún es incipiente aunque existen casos destacados como los de Colombia y su red de “Territorios Socialmente Responsables” (TSR) un nuevo paradigma de gobierno orientado a la sustentabilidad. También se destaca el Distrito Metropolitano de Quito y su Consejo de Responsabilidad Social y Ordenanza impulsora de la RSE; el Programa Chile Compra que incorpora criterios de sostenibilidad en las compras públicas y el movimiento de articulación público privado Nossa Sao Paulo, entre otros casos.

En Argentina el sector público está promoviendo la RSE a partir de la creación de Municipios Socialmente Responsables como el caso paradigmático del Plan Director para el Desarrollo Urbano Territorial de Ingeniero White, que incluye un conjunto de programas y proyectos para el desarrollo territorial y la actualización del Código de Planeamiento Urbano en el Desarrollo de Infraestructuras, la consolidación urbano-social y la promoción ambiental-turística.

Por su parte, la Ciudad de Buenos Aires se convirtió junto a las ciudades de La Plata, San Fernando de Catamarca, Río Cuarto y el programa San Martín Responsable junto a la Universidad Nacional de San Martín en organizadoras y cofundadoras de la primera Red de Ciudadades por la RSE de Argentina, que busca crear una red de municipios que colaboren sinérgicamente en el desarrollo de proyectos,  acciones y buenas prácticas de Responsabilidad Social Empresaria (RSE).

Gabriel Boero, Coordinador Ejecutivo y docente del Diplomado en RSE en Universidad Nacional de San Martin, destaca el “potencial de articulación que tienen los municipios a nivel territorial, por su conocimiento y relación individual con los otros actores (sector privado, OSC's y academia)” y afirma que por estas razones debe ser quien genere “puentes y espacios de promoción para el desarrollo de la RSE en el territorio”.

Un ejemplo de estas tendencias es el municipio de Tigre que a través de su Dirección General de Programas de Responsabilidad Social Empresaria trabaja articuladamente junto a instituciones como UNICEF, Conciencia y Red Solidaria y con empresas como Direct TV, IBM Argentina, entre otras, en proyectos de articulación publico-privada a favor del desarrollo local sostenible.

Otros como la Municipalidad de San Isidro tienen experiencias de varios años en la gestión de estos programas. El  programa San Isidro Recicla está en funcionamiento desde 2004 y se apoya en la articulación multiactoral involucrando empresas como Coca-Cola de Argentina, Tetra Pak, Cliba y Recicladora Argentina SRL. También Pilar es un ejemplo destacado con 18 empresas articuladas por su Programa de Responsabilidad Social Empresaria “Construir capital social para el Desarrollo”.

Por su parte  la Municipalidad de Ezeiza ha declarado de interés municipal las acciones e iniciativas de difusión de la RSE como la realizada en 2011 junto con Fundación Prasam y las empresas Provincia ART y Banco Provincia. Lanus también tiene historia en acciones de responsabilidad que gestiona a partir de su Programa de Responsabilidad Social Compartida "Envión".  

En una entrevista para ComunicaRSE, Gabriel Boero identificó tres frentes de trabajo donde deberían enfocarse los esfuerzos de los gobiernos locales respecto de la RSE:

"En un primer momento, los gobiernos deben crear el marco institucional a través de ordenanzas para generar la línea de base en la creación de triple valor y el desarrollo sostenible". 

"Luego, se trata de generar espacios de diálogo multi institucionales de promoción y sensibilización de los diferentes actores locales respecto del tema, en colaboración con universidades, OSC's y promoviendo que empresas que gestionan su responsabilidad social cuenten los beneficios y problemáticas encontradas en la implementación, ya que el diálogo de pares es fundamental".

"Por último, debe promover un clima propicio para la radicación de industrias y el desarrollo emprendedor para la generación de empleo, priorizando la contratación de colaboradores locales, teniendo en cuenta la demanda de mano de obra de las empresas y generando mecanismos para que se genere oferta para esta demanda a través de convenios con las universidades y centros de educación técnicos y terciarios."

Por su parte Antonio M. López Hernández, académico de la Universidad de Granada, destaca en un proyecto los cuatro aspectos que según él “hacen a las Administraciones Públicas actoras en el proceso de implantación de la RSE”: "Transparencia y gobernanza, empleabilidad socialmente responsable, consumo y aprovisionamientos públicos e inversión socialmente responsable”. A continuación afirma que "si se pretenden adaptar los modelos RSE al sector público se debe hacer una cuidadosa relectura de los mismos, cambiando o adaptando los términos pertinentes o, al menos, interpretándolos de una forma adecuada."