Las políticas de la industria del retail no serían eficaces para proteger las condiciones laborales en las cadenas de suministro

10.07.2014 | Gestión

SOMO, junto a organizaciones de consumidores, presentan una investigación que revela una falla en las políticas de compras y RSE de los minoristas europeos. Estas políticas no serían suficiente para proteger el trabajo decente y el comercio justo en sus cadenas de suministro en países en desarrollo. Las organizaciones instan a las autoridades europeas a involucrarse en el asunto.


Un grupo de investigación formado por 9 organizaciones de consumidores de Europa, SOMO y el Consorcio de la Coalición Europea analizó las condiciones laborales y las políticas de compra de 25 empresas de la industria del retail líderes en siete países de la Unión Europea. 

Los resultados muestran que las políticas sobre condiciones laborales y las prácticas de abastecimiento de estas empresas carecen de credibilidad y son ineficaces para prevenir condiciones de explotación en las cadenas de suministro en los países en desarrollo. 

Casi todas las empresas cuentan con políticas sobre condiciones laborales dirigidas a proveedores. Sin embargo, en un análisis más detallado el informe advierte que sólo la mitad de los supermercados extienden explícitamente estas normas a los productores alimenticios en los países en desarrollo.

Por otra parte, sólo un tercio de los minoristas encuestados podían aportar pruebas de verificación del cumplimiento de estas políticas.

La organización SOMO pidió al Parlamento Europeo y a la Comisión Europea intervenir ya que las políticas de los supermercados no estarían aportando soluciones.  

La influencia de estos supermercados, que juntos controlan más del 70 por ciento de la venta al por menor de alimentos, es enorme y les dan poder para participar en prácticas de compra abusivas, llamadas "prácticas comerciales desleales". La investigación ha puesto de manifiesto que estas prácticas desleales impactan en los precios, rentabilidad y competitividad de los proveedores, y las condiciones de trabajo en el mundo en desarrollo. 

El informe concluye con recomendaciones específicas a los responsables políticos de la UE.