Así trascendió en los medios de prensa brasileños, que informaron de las secuelas sufridas por los obreros, que van desde hipertensión hasta cáncer. La fábrica, fundada por Shell en 1977, pasó luego a manos de Basf, que acabó por cerrarla en 2002. Según la jueza María Inés Correa de Cerqueira César Targa, ambas empresas deberán pagar el tratamiento de los trastornos físicos y psicológicos de lás víctimas y sus eventuales deudos. La sentencia beneficiará a más de mil trabajadores afectados. Tanto Shell como Basf han decidido apelar al fallo judicial.
La magistrada ordenó que las empresas paguen los tratamientos médicos de todos los ex trabajadores de la planta, situada en el barrio Recanto dos Pássaros, así como de los hijos de los empleados o de colaboradores que nacieron durante o después del periodo en que tuvieron vínculo con la fábrica.