I. El debate sobre las empresas sostenibles y el trabajo decente
Acaban de cumplirse cinco años de la aprobación de la Resolución de OIT sobre Promoción de Empresas Sostenibles, en 2007.
CSA se ha ocupado del tema a partir de un debate entre los representantes de trabajadores y empleadores en la última Conferencia Americana de OIT (Santiago, 2010), en la cual, ante la insistencia de los empleadores, el sindicalismo americano aceptó la incorporación de este tema en el documento final, convirtiéndolo en uno de los ejes de trabajo futuro, junto con la negociación colectiva y la seguridad social.
Respecto de las empresas sostenibles, CSA ha planteado un debate, recordando que el texto final del documento surgió de una intensa discusiòn entre los dos Grupos. Los empleadores enfatizaban el campo de las condiciones macroeconómicas, con centro en:
- cuestiones de rentabilidad, productividad y competitividad, estableciendo una relación estrecha entre sostenibilidad y existencia de entornos propicios en materia de “clima de inversión” y garantía de los derechos de propiedad.
-relaciones económicas internacionales, afirmando que “las políticas comerciales y de inversión abiertas son esenciales para promover el crecimiento económico sostenible”.
- la necesidad de avanzar en la flexiguridad.
-la visualización del diálogo social como método de resolución de conflictos, mediante la asociación y la obtención de aumentos de productividad y de atracción inversora.
Por su parte, en ese debate los sindicalistas reconocían el “papel decisivo” que desempeñan las empresas en la vida de los trabajadores, pero señalaban su preocupación de “que el debate esté dominado por el apoyo al sector privado en sentido estricto (...) ya que las cuestiones fundamentales planteadas por los empleadores están demasiado estrechamente vinculadas a la creación de empresas en general, en vez de las empresas sostenibles (...)”, y para ello citaban el documento de base de OIT, cuando distinguía entre “desarrollo empresarial per se y el desarrollo de empresas sostenibles”. Finalmente, el sindicalismo enfatizaba :
- los temas regulatorios generales de la economía, considerando necesarias pautas de producción y consumo, gestión responsable del medio ambiente y restricciones al nivel de apertura económica.
- la libertad sindical y la negociación colectiva, como eje esencial de las empresas sostenibles.
En Santiago, también quedó en claro una importante discordancia entre trabajadores y empleadores: cuál es la causalidad entre empresas sostenibles y trabajo decente? En el plenario, un representante de los empleadores explicitó su opción: “no hay trabajo decente sin empresas sostenibles”. La respuesta de la CSA invirtió esos términos, planteando que “no hay empresas sostenibles sin trabajo decente”.
En una nota de la secretarìa general de CSA (publicada en su web en agosto 2011), retomamos esta discusión, señalándose que no es un mero juego verbal. Aquí el orden de los factores sí altera el producto. Porque si aceptamos la visión empresarial, cómo se puede hacer una empresa sostenible sin el respeto a los derechos de los trabajadores/as? La sostenibilidad no implica solamente la economía o las finanzas, sino también los Derechos Humanos. Desde nuestra visión, una empresa puede llegar a ser sostenible si comienza respetando los derechos de los trabajadores y trabajadoras.
II. Las empresas sostenibles y la crisis
En esta nota queremos focalizar en otra vertiente de la resolución de OIT, directamente ligada con la actual crisis económica en los países avanzados: la referida a la macroeconomía y la regulación. Esta crisis es en sí misma un indicador de la no sostenibilidad. En ello se conjuntan Estado y empresas, como dos caras de la misma moneda de irresponsabilidad: antes de la crisis. Los gobiernos no utilizaron los instrumentos disponibles de regulación, o directamente desregularon, siguiendo la opinión interesada de las empresas o los gurúes del neoliberalismo que las representan.
A este respecto, la Resolución acierta en destacar dos pilares de relación directa con esta cuestión: “Buena gobernanza” y “Política económica acertada y estable y buena gestión de la economía”. La primera se refiere a “instituciones políticas democráticas, entidades públicas y privadas transparentes y que rindan cuentas, medidas eficaces de lucha contra la corrupción, y una responsabilidad empresaria. La segunda plantea que las políticas monetarias, fiscales y cambiarias deberían garantizar condiciones económicas estables y predecibles, que las políticas y reglamentaciones deben estimular la inversión productiva a largo plazo, y que se debe aumentar la demanda agregada como fuente de crecimiento económico.
La crisis financiera es el principal indicador del no cumplimiento de estos principios de las empresas sostenibles. Los “activos tóxicos” y la burbuja crediticia son el resultado directo de la falta de regulación estatal, estimulada y aprovechada por los bancos, en su búsqueda incesante de rentabilidad. La culpa es compartida con las empresas calificadoras de riesgo y las empresas auditoras, que le han hecho el juego a la expansión sin límite y sin recaudos del sistema financiero.
Lo que tenemos ahora es una “crisis del crédito”, pasando de su sobrestimulación y su limitación y encarecimiento, como mecanismo de defensa de los bancos. Los gobiernos conservadores acompañan esta nueva situación, cayendo en la “trampa de austeridad”.
El otro protagonista son las empresas transnacionales en los sectores directamente productivos, acostumbradas a la sobreexpansión del consumo, y siempre dispuestas a moverse por la geografía buscando las oportunidades de negocios más redituables.
El análisis de la crisis tiene también que dar un lugar a los particulares, en cuanto a su “adicción” al consumo y, como resultado, a su “vivir del crédito”. El gran sociólogo polaco/inglés Zylmunt Bauman dice (en “Sobreconsumo”, retomando al no menos grande Herbert Marcuse) que la fuente de las ganancias capitalistas se ha desplazado desde la explotación de la mano de obra fabril hacia la explotación de los consumidores, los cuales “ desprovistos de los recursos necesarios para responder a las seducciones de los mercados de consumo, necesitan papel moneda y cuentas de crédito (servicio que no proporciona el Estado de Bienestar) para ser útiles al capital”.
Finalmente, el sector “ausente” de las empresas es el ampliamente mayoritario: las pequeñas y medianas empresas, victimas en el desplazamiento del crédito al consumo. Son estas las que deberían recibir las mayores proporciones del nuevo crédito, porque ello garantiza inmediatamente más empleo (y nosotros velaremos porque sea digno, además).
III. Agenda sindical
Desde el inicio de la crisis, CSI y CSA destacaron que, como en otras anteriores, era esperable una revalorización del papel estatal en la economía, como factor regulador y contracíclico. En 2009, las grandes economías (EUA, Canadá) no dudaron en practicar un salvataje al sistema financiero, que incluía la intervención, liquidación y nacionalización de los bancos en problemas, y la creación de “bancos malos” (donde concentrar los activos tóxicos, para que no contaminasen al resto). Hasta el FMI ha sugerido recientemente una política de amnistía hipotecaria a los clientes bancarios endeudados, recordando su aplicación en 1933 por EUA (y actualmente en Islandia, donde el gobierno propietario de una importante proporción de bancos, perdonó créditos equivalentes al 15% del PIB).
Europa siguió el mismo camino (incluido Alemania), aunque en una proporción muy inferior (seis veces menor a la norteamericana), pero rápidamente, en 2010, cayó en la “trampa de la austeridad”, sometida desde hace poco a presión por Francia, Italia y España (y la socialdemocracia alemana) hacia un cambio que promueva crecimiento, además de ajuste fiscal.
No se trata solo de que el Banco Central Europeo, como lo ha hecho y luego lo detuvo, aporte alguna liquidez a los bancos, e incluso salga en su rescate, sino de que haya “más Europa” en un sentido profundo, con un paquete de medidas que lleven hacia una unión fiscal: flexibilización del enfoque monetario original del euro, para proveer más liquidez (incluyendo el reconocimiento de una mayor inflación); creación de “eurobonos”; refuerzo del Banco Europeo de Inversión; utilización de los fondos de cohesión en proyectos que promuevan el crecimiento económico. También es positivo que el Parlamento Europeo haya aprobado el impuesto a las transacciones financieras a la compra venta de acciones y a los derivados financieros, para destinar la recaudación a financieras proyectos de infraestructura y energía limpias y a reforzar el presupuesto de la UE.
Esta defensa del salvataje bancario por el Estado no es contradictoria con las críticas que hemos hecho a las formas específicas con que se han desarrollado aquellos, casi siempre pasivas con los banqueros irresponsables, sin practicar penalizaciones basadas en las varias figuras disponibles: delito societario, falsedad contable, administración desleal, apropiación indebida, manipulación patrimonial.
En América Latina esta tendencia deja enseñanzas para similares procesos de integración (en el UNASUR, y a nivel subregional menor) pero, sobre todo, actualiza la necesidad de una agenda de banca de desarrollo nacional, que coloque a las Pymes en un lugar central.
Volvemos así al comienzo de esta nota, mostrando la brecha entre el concepto y la práctica de empresas sostenibles y de Estados responsables.
Al sector empresarial, que no duda en insistir sobre el tema de las empresas sostenibles a nivel mundial, hay que decirle que el principal enemigo que existe para las empresas sostenibles habita en la propia casa de ellos. Son los sectores empresariales financiero y multinacional. Cómo hacer empresas sostenibles en un mundo hecho insostenible precisamente por esos dos sectores? Qué puede ser sostenible en un mundo insostenible ?
Desde CSA seguiremos este debate, en el marco de eje congresal sobre desarrollo sustentable, y desde espacios específicos: pronto estaremos lanzando la PLAFIS, Plataforma Continental sobre Fiscalidad, aprobada en el II Congreso de abril pasado, donde es posible integrar varios de los temas aquí tratados, en camino a clarificar el verdadero concepto de empresas sostenibles.
El debate sobre las empresas sostenibles y el trabajo decente
Acaban de cumplirse cinco años de la aprobación de la Resolución de OIT sobre Promoción de Empresas Sostenibles, en 2007. CSA se ha ocupado del tema a partir de un debate entre los representantes de trabajadores y empleadores en la última Conferencia Americana de OIT (Santiago, 2010), en la cual, ante la insistencia de los empleadores, el sindicalismo americano aceptó la incorporación de este tema en el documento final, convirtiéndolo en uno de los ejes de trabajo futuro, junto con la negociación colectiva y la seguridad social.
Respecto de las empresas sostenibles, CSA ha planteado un debate, recordando que el texto final del documento surgió de una intensa discusiòn entre los dos Grupos. Los empleadores enfatizaban el campo de las condiciones macroeconómicas, con centro en:
- cuestiones de rentabilidad, productividad y competitividad, estableciendo una relación estrecha entre sostenibilidad y existencia de entornos propicios en materia de “clima de inversión” y garantía de los derechos de propiedad.
-relaciones económicas internacionales, afirmando que “las políticas comerciales y de inversión abiertas son esenciales para promover el crecimiento económico sostenible”.
- la necesidad de avanzar en la flexiguridad.-la visualización del diálogo social como método de resolución de conflictos, mediante la asociación y la obtención de aumentos de productividad y de atracción inversora.
Por su parte, en ese debate los sindicalistas reconocían el “papel decisivo” que desempeñan las empresas en la vida de los trabajadores, pero señalaban su preocupación de “que el debate esté dominado por el apoyo al sector privado en sentido estricto (...) ya que las cuestiones fundamentales planteadas por los empleadores están demasiado estrechamente vinculadas a la creación de empresas en general, en vez de las empresas sostenibles (...)”, y para ello citaban el documento de base de OIT, cuando distinguía entre “desarrollo empresarial per se y el desarrollo de empresas sostenibles”.
Finalmente, el sindicalismo enfatizaba :
- los temas regulatorios generales de la economía, considerando necesarias pautas de producción y consumo, gestión responsable del medio ambiente y restricciones al nivel de apertura económica.
- la libertad sindical y la negociación colectiva, como eje esencial de las empresas sostenibles.
En Santiago, también quedó en claro una importante discordancia entre trabajadores y empleadores: cuál es la causalidad entre empresas sostenibles y trabajo decente?
En el plenario, un representante de los empleadores explicitó su opción: “no hay trabajo decente sin empresas sostenibles”. La respuesta de la CSA invirtió esos términos, planteando que “no hay empresas sostenibles sin trabajo decente”.
En una nota de la secretarìa general de CSA (publicada en su web en agosto 2011), retomamos esta discusión, señalándose que no es un mero juego verbal. Aquí el orden de los factores sí altera el producto. Porque si aceptamos la visión empresarial, cómo se puede hacer una empresa sostenible sin el respeto a los derechos de los trabajadores/as? La sostenibilidad no implica solamente la economía o las finanzas, sino también los Derechos Humanos. Desde nuestra visión, una empresa puede llegar a ser sostenible si comienza respetando los derechos de los trabajadores y trabajadoras.
