RSE en la cadena de valor de la agricultura

23.08.2011 | América Latina

Este artículo de Manuel Chiriboga, publicado en El Universo se cita una investigación reciente llevada adelante por Ruralter, una red dedicada a encontrar soluciones creativas a los temas de pobreza y desarrollo rural, que ha analizado varias experiencias de colaboración ventajosa entre empresas agro-industriales y pequeños productores agropecuarios. Los productores con arreglos contractuales con empresas logran niveles de rentabilidad entre el 19 y el 50% mayores, a pesar de que sus costos de producción son más altos. Igualmente logran rendimientos sistemáticamente superiores.


 

Los contratos aseguran a los productores precios estables, insumos agropecuarios de calidad y en algunos casos, asistencia técnica y centros de acopio. Las empresas por su lado logran abastecimiento estable y productos de la calidad exigida. En uno de los casos más notables, la empresa indígena Jambi Kiwa, que agrupa a más de 500 familias, y Cetca (Compañía Ecuatoriana del Té) han iniciado exportaciones conjuntas de más de 50 hierbas medicinales, fragancias naturales y extractos de plantas a los mercados europeos, además de abastecer a los consumidores ecuatorianos.
Basta citar unos números reveladores. Los productores con arreglos contractuales con empresas logran precios entre el 10 y el 49% más altos que los de sus vecinos que no tienen contratos, logran niveles de rentabilidad entre el 19 y el 50% mayores, a pesar de que sus costos de producción son más altos. Igualmente logran rendimientos sistemáticamente superiores. Las experiencias identificadas cubren un amplio espectro de productos que incluyen, entre otros, alcachofa, algodón, banano, brócoli, flores, hierbas medicinales, maíz, leche, palmito, papa y tabaco.
El estudio realizado identifica claramente tres variables o condiciones que caracterizan a las experiencias más innovadoras desde el punto de vista de mejoras en los ingresos, la productividad y la satisfacción de los productores. En primer lugar tiene que ver con confianza entre empresas exportadoras y agroindustriales y pequeños productores, construida sobre una valorización de tener un acuerdo justo y el cumplimiento de los compromisos. En segundo lugar, la existencia de organizaciones económicas campesinas que negocian los contratos, pero adicionalmente aseguran el cumplimiento de las obligaciones pactadas. En tercer lugar, cuando las empresas tienen una política de responsabilidad social, por medio de la cual además de buscar rentabilidad por sus inversiones se comprometen con el bienestar de los diversos grupos con los que se relacionan: los trabajadores, los abastecedores, las comunidades donde se localizan y el medio ambiente. Esta práctica es la de mayor peso en cuanto a que los pequeños productores se sientan partes iguales en los contratos.
Buena parte de estas experiencias innovadoras se han realizado al margen de las políticas públicas y muchas veces para solucionar las deficiencias de estas. Como se conoce bien, la pequeña producción agropecuaria confronta serias limitaciones cuando participa en los mercados, tanto de productos, como de insumos y de servicios a la producción: recibe precios bajos cuando vende, compra insumos caros y muchas veces de mala calidad, y no cuenta con asistencia técnica. Los contratos agrícolas permiten solucionar muchos de estos problemas y limitaciones.
Cabe preguntarse si el Estado debería hacer más para incentivar este tipo de experiencias. Esto requiere incentivos a las empresas que practican responsabilidad social en relación con los pequeños productores que les abastecen y que pueden ser tributarios o estableciendo un fondo de co-financiamiento para fomentar estos arreglos. El Estado al mismo tiempo puede impulsar, multiplicar estas experiencias si invierte más en investigación, sanidad agropecuaria, infraestructura productiva y crédito, relacionándolas con este tipo de nuevas prácticas y arreglos que se dan hoy día en el campo ecuatoriano.

Los contratos aseguran a los productores precios estables, insumos agropecuarios de calidad y en algunos casos, asistencia técnica y centros de acopio. Las empresas por su lado logran abastecimiento estable y productos de la calidad exigida. En uno de los casos más notables, la empresa indígena Jambi Kiwa, que agrupa a más de 500 familias, y Cetca (Compañía Ecuatoriana del Té) han iniciado exportaciones conjuntas de más de 50 hierbas medicinales, fragancias naturales y extractos de plantas a los mercados europeos, además de abastecer a los consumidores ecuatorianos.
Basta citar unos números reveladores. Los productores con arreglos contractuales con empresas logran precios entre el 10 y el 49% más altos que los de sus vecinos que no tienen contratos, logran niveles de rentabilidad entre el 19 y el 50% mayores, a pesar de que sus costos de producción son más altos. Igualmente logran rendimientos sistemáticamente superiores. Las experiencias identificadas cubren un amplio espectro de productos que incluyen, entre otros, alcachofa, algodón, banano, brócoli, flores, hierbas medicinales, maíz, leche, palmito, papa y tabaco.

El estudio realizado identifica claramente tres variables o condiciones que caracterizan a las experiencias más innovadoras desde el punto de vista de mejoras en los ingresos, la productividad y la satisfacción de los productores. En primer lugar tiene que ver con confianza entre empresas exportadoras y agroindustriales y pequeños productores, construida sobre una valorización de tener un acuerdo justo y el cumplimiento de los compromisos. En segundo lugar, la existencia de organizaciones económicas campesinas que negocian los contratos, pero adicionalmente aseguran el cumplimiento de las obligaciones pactadas. En tercer lugar, cuando las empresas tienen una política de responsabilidad social, por medio de la cual además de buscar rentabilidad por sus inversiones se comprometen con el bienestar de los diversos grupos con los que se relacionan: los trabajadores, los abastecedores, las comunidades donde se localizan y el medio ambiente. Esta práctica es la de mayor peso en cuanto a que los pequeños productores se sientan partes iguales en los contratos.

Buena parte de estas experiencias innovadoras se han realizado al margen de las políticas públicas y muchas veces para solucionar las deficiencias de estas. Como se conoce bien, la pequeña producción agropecuaria confronta serias limitaciones cuando participa en los mercados, tanto de productos, como de insumos y de servicios a la producción: recibe precios bajos cuando vende, compra insumos caros y muchas veces de mala calidad, y no cuenta con asistencia técnica. Los contratos agrícolas permiten solucionar muchos de estos problemas y limitaciones.

Cabe preguntarse si el Estado debería hacer más para incentivar este tipo de experiencias. Esto requiere incentivos a las empresas que practican responsabilidad social en relación con los pequeños productores que les abastecen y que pueden ser tributarios o estableciendo un fondo de co-financiamiento para fomentar estos arreglos. El Estado al mismo tiempo puede impulsar, multiplicar estas experiencias si invierte más en investigación, sanidad agropecuaria, infraestructura productiva y crédito, relacionándolas con este tipo de nuevas prácticas y arreglos que se dan hoy día en el campo ecuatoriano.