Se sancionó la Ley de RSE de Extremadura

01.07.2011 | Europa

El Gobierno de Extremadura ha aprobado el viernes último el proyecto de Ley de Responsabilidad Social Empresarial, con lo que se convierte en la primera comunidad autónoma con una legislación sobre el tema. Sindicatos y Autónomos de acuerdo, patronales empresarias, en contra.


 

La Confederación de Entidades para la Economía Social y Autónomos de Extremadura (CEPES Extremadura) ha calificado como muy positivo el reconocimiento a las empresas de economía social extremeñas que supone el anteproyecto de Ley de Responsabilidad Social Empresarial de Extremadura.
La responsable de la Secretaría de Responsabilidad Social Empresarial (RSE) de CEPES Extremadura, Carmen Moreno, ha subrayado la importancia de las empresas de economía social de la región, que cumplen ya, por su propia idiosincrasia, los requisitos que establece este anteproyecto de Ley.
Moreno ha destacado que esta pionera norma permitirá a las empresas de economía social y a aquellas que apuesten por ser socialmente responsables tener una serie de ventajas y beneficios en materia fiscal, así como en las contrataciones públicas.
Por su parte, el secretario regional de la Confederación Regional de Empresarios de Extremadura (Creex), Juan Manuel Arribas, había manifestado en días previos su oposición a que la responsabilidad social empresarial se tenga que cumplir por las empresas de forma obligatoria
Los sindicatos tiene otra visión, claro está. Para la Unión General de los Trabajadores (UGT) esta cuestión no debe quedar al libre criterio de las empresas. "Entendemos que debe ser una ley obligatoria para todas las empresas", afirmaba la secretaria de Acción Sindical y Empleo de UGT en Extremadura, Rosario Riñones.
El proyecto afirma que “el concepto y los elementos configuradores de la Responsabilidad Social de las empresas extremeñas y establece los instrumentos de evaluación de la responsabilidad social empresarial, así como la verificación por entidades especializadas externas, allanando así la calificación de empresa responsable por la Junta de Extremadura y su posterior inclusión en un registro creado al efecto”.
“Se regulan en el texto los beneficios de las empresas extremeñas calificadas como responsables y los premios a las mejores de ellas”, agrega.
La Ley faculta a la Junta de Extremadura a clasificar e incluir en un futuro “Registro de Empresas Responsables” a las empresas de la región.
Se creará,. a su vez,  el Consejo Consultivo de la Responsabilidad Social en Extremadura  y se se regulan en el texto los beneficios de las empresas extremeñas calificadas como responsables y los premios a las mejores de ellas.
Algunas visiones alertan sobre el riesgo de una posible proliferación de leyes en el resto de España. Desde su  blog El último tren , el periodista especializado José Alias advierte que de cundir el ejemplo “una mediana empresa que opere en distintas Comunidades Autónomas tendrá que cumplir con distintos requerimientos para ser considerada responsable porque los gobiernos autonómicos podrán poner distintos requerimientos. De esta manera, se podrá dar la paradoja de ser responsable en Madrid  pero no en Castilla-La Mancha y viceversa”.
Por su parte, y desde su cuenta de twitter, el Director de Reputación y Responsabilidad Corporativa de Telefonica, Alberto Andreu abogó por evitar que las Comunidades Autónomas sigan legislando y pidió que Europa tenga una única postura en común sobre RSE. “Quizá la principal función del Consejo Estatal de la RSE sea armonizar el proceso autonómico e impulsar en un marco europeo común”, escribió Andreu.

La Confederación de Entidades para la Economía Social y Autónomos de Extremadura (CEPES Extremadura) ha calificado como muy positivo el reconocimiento a las empresas de economía social extremeñas que supone el anteproyecto de Ley de Responsabilidad Social Empresarial de Extremadura.
La responsable de la Secretaría de Responsabilidad Social Empresarial (RSE) de CEPES Extremadura, Carmen Moreno, ha subrayado la importancia de las empresas de economía social de la región, que cumplen ya, por su propia idiosincrasia, los requisitos que establece este anteproyecto de Ley.
Moreno ha destacado que esta pionera norma permitirá a las empresas de economía social y a aquellas que apuesten por ser socialmente responsables tener una serie de ventajas y beneficios en materia fiscal, así como en las contrataciones públicas.

Por su parte, el secretario regional de la Confederación Regional de Empresarios de Extremadura (Creex), Juan Manuel Arribas, había manifestado en días previos su oposición a que la responsabilidad social empresarial se tenga que cumplir por las empresas de forma obligatoria
Los sindicatos tiene otra visión, claro está. Para la Unión General de los Trabajadores (UGT) esta cuestión no debe quedar al libre criterio de las empresas. "Entendemos que debe ser una ley obligatoria para todas las empresas", afirmaba la secretaria de Acción Sindical y Empleo de UGT en Extremadura, Rosario Riñones.
El proyecto afirma que “el concepto y los elementos configuradores de la Responsabilidad Social de las empresas extremeñas y establece los instrumentos de evaluación de la responsabilidad social empresarial, así como la verificación por entidades especializadas externas, allanando así la calificación de empresa responsable por la Junta de Extremadura y su posterior inclusión en un registro creado al efecto”.
“Se regulan en el texto los beneficios de las empresas extremeñas calificadas como responsables y los premios a las mejores de ellas”, agrega.

La Ley faculta a la Junta de Extremadura a clasificar e incluir en un futuro “Registro de Empresas Responsables” a las empresas de la región.
Se creará,. a su vez,  el Consejo Consultivo de la Responsabilidad Social en Extremadura  y se se regulan en el texto los beneficios de las empresas extremeñas calificadas como responsables y los premios a las mejores de ellas.
Algunas visiones alertan sobre el riesgo de una posible proliferación de leyes en el resto de España. Desde su  blog El último tren , el periodista especializado José Alias advierte que de cundir el ejemplo “una mediana empresa que opere en distintas Comunidades Autónomas tendrá que cumplir con distintos requerimientos para ser considerada responsable porque los gobiernos autonómicos podrán poner distintos requerimientos. De esta manera, se podrá dar la paradoja de ser responsable en Madrid  pero no en Castilla-La Mancha y viceversa”.

Por su parte, y desde su cuenta de twitter, el Director de Reputación y Responsabilidad Corporativa de Telefonica, Alberto Andreu abogó por evitar que las Comunidades Autónomas sigan legislando y pidió que Europa tenga una única postura en común sobre RSE. “Quizá la principal función del Consejo Estatal de la RSE sea armonizar el proceso autonómico e impulsar en un marco europeo común”, escribió Andreu.