"La necesidad de contar con un sistema de gestión ambiental eficiente se ha hecho evidente a partir de la modernización de la economía uruguaya, la misma que está sufriendo cambios significativos por el surgimiento de sectores como la minería, explotación forestal, industria papelera, pesca y turismo, que están superando en importancia a la producción agropecuaria que dominó la economía uruguaya hasta 1990", dijo Helena Landázuri de Piaggesi, jefe de equipo del BID.
A esta diversificación de la economía se suma una diversificación de fuentes de inversión. Se espera que la inversión externa en Uruguay llegue a significar cerca de un 20% del PIB en el 2007, volumen sin precedentes en la historia Uruguaya, que se traducirá en nuevos proyectos de inversión que deberán ser evaluados y fiscalizados para asegurar que contribuyan a ampliar la competitividad ambiental del país y no resulten en impactos ambientales no deseables, añadió Landázuri de Piaggesi.

El programa busca mejorar la capacidad del sector público para atender adecuadamente sus obligaciones en materia de gestión ambiental, dar mayor transparencia y uniformidad a los procedimientos de autorización y permisos ambientales, y ampliar las oportunidades de participación de la sociedad civil en la solución de los problemas ambientales del país.
Con recursos del préstamo, el gobierno Uruguayo pretende hacer una reingeniería de los principales instrumentos de gestión ambiental, a fin de mejorar la eficiencia de los procesos de evaluación y control de impactos ambientales de proyectos de desarrollo. A continuación, el gobierno pretende implantar un Sistema Nacional Ambiental en el que participen organismos públicos y privados, encabezado por una institución moderna y eficiente.