Es para las Compras Públicas con un presupuesto superior de 50.000 € de la Generalitat, ayuntamientos , mancomunidades y diputaciones, así como de las entidades, fundaciones, empresas y organismos que dependen de estas administraciones.

La principal novedad de esta iniciativa es el establecimiento de un 20% de valoración de criterios sociales y medioambientales en las licitaciones. Contarán con una mejor valoración las empresas de la economía social, las que cuentan con una acreditable igualdad salarial entre hombres y mujeres, las que cuentan con un mayor número de trabajadores provenientes de colectivos vulnerables (como personas discapacitadas o mujeres maltratadas ), las que crean empleo de calidad y las que apuestan por la sostenibilidad medioambiental en su actividad.

Hasta ahora algunos de estos criterios estaban contemplados sólo como fórmula de desempate entre ofertas con la misma valoración, por lo que nunca han llegado a utilizarse.

La proposición también contempla que para las valoraciones económicas se tenga en cuenta la totalidad del ciclo de vida del producto (incluyendo los costos de entrega y eliminación o reutilización), y que se puedan establecer condiciones de ejecución especiales como la utilización de material reutilizable, la contratación de jóvenes desempleados o la minimización del impacto medioambiental del transporte.

Además, se establece que no podrán optar a trabajar con la administración operadores económicos que hayan sido condenados en sentencia firme por tráfico de influencias o cualquier delito que afecte a la ética profesional o la legislación medioambiental, las empresas que operan con paraísos fiscales y las entidades financieras que inviertan en armamento y no sean transparentes en sus inversiones.

Por último, también se contemplan medidas de innovación y planificación en las compras públicas para facilitar la adaptación de las pequeñas y medianas empresas a esta nueva legislación y conseguir productos y servicios adaptados a las necesidades específicas de la administración así como políticas de fomento del comercio justo y la formación de los consumidores.

La introducción de estos criterios ha sido recomendada por la Unión Europea y está presente en entre un 50% y un 70% del total de las compras públicas de países como Alemania, Austria o Dinamarca.