Como portadores de una enorme cantidad de tráfico de datos y voz, las compañías de telecomunicaciones han estado en el centro de la polémica por el uso de sus datos por parte de las agencias de inteligencia estadounidenses.

Por un lado, la organización Privacy International denunció a varias empresas ante la OCDE por violar los derechos de privacidad de los usuarios y por otro, algunos inversores, entre ellos la gestora de activos Trillium de Boston y el Fondo de Pensiones del estado de Nueva York,  presentaron propuestas a las juntas de accionistas de AT&T y Verizon para divulgar esta información.

Vodafone se suma a empresas como Verizon y publica un informe de transparencia que ofrece datos  sobre el uso de la información de usuarios por autoridades de gobierno.

El Instituto de Derechos Humanos y Negocios (IHRB) destaca el informe de Vodafone por sobre otros de la industria de telecomunicaciones que privilegian presentar información descontextualizada y en algunos casos omiten información clave.

“Vodafone ha manifestado claramente en su informe lo que no está permitido revelar por restricciones en ciertos países, en lugar de la desatención a esta información que deja a los lectores con la impresión de que no están recibiendo el cuadro completo.”

"La legislación de seguridad nacional incluye severas restricciones para los operadores que prohíbe revelar información sobre demandas hechas por la agencia de seguridad, incluida la divulgación de estadísticas agregadas. En muchos países, los operadores se les prohíbe también ofrecer al público información sobre los medios por los que dichas exigencias se aplican", afirma el informe.

El informe presenta 6 casos en los que Vodafone no ha podido publicar estadísticas. Estos incluyen:

1. Situaciones en las que la divulgación es ilegal bajo las leyes de ese país;

2. Situaciones donde la disposición legal y/o dicha tecnología no se ha aplicado, y por lo tanto Vodafone no recibe solicitudes. 

3. Cuando la ley no es clara en materia de divulgación y Vodafone está a la espera de orientación; 

4. Cuando la ley no es clara en materia de divulgación y Vodafone ha sido incapaz de obtener una orientación más información;

5. Cuando las autoridades han dicho directamente a Vodafone que no pueden revelar información, incluso cuando la ley no lo prohíbe expresamente. Este fue el caso de Irlanda y Qatar;

6. Cuando no es necesario publicar esta información, porque el gobierno, el parlamento o un órgano independiente creíble como el regulador ya difunde la información estadística sobre ciertos tipos de demandas emitidas a todos los operadores.

Para el Instituto de Derechos Humanos y Negocios (IHRB) el informe de Vodafone revela información clave sobre la posición de los gobiernos sobre la divulgación de información privada y el respeto por los DD.HH.

El punto de vista de Vodafone sostiene que deberían ser los gobiernos y no las empresas las que divulguen este tipo de información, de forma que los consumidores y otros órganos pertinentes puedan obtener una imagen precisa de la magnitud de las demandas.

El aspecto más revelador y crucial en el informe es la confirmación de que en algunos países las leyes permiten anular al operador y tener acceso directo a la red. 

Vodafone fue la primera empresa de telecomunicaciones para romper el silencio de las empresas en la estela de los documentos filtrados por Edward Snowden y publicado en The Guardian y The Washington Post el año pasado que detalla las prácticas de vigilancia y recopilación de datos de la Agencia de Seguridad Nacional de EE.UU. (NSA), en particular la programa 'Dishfire'.