Brasil se enfrenta a la OEA por impacto socio-ambiental de hidroeléctrica

09.05.2011 | América Latina

La construcción de una represa hidroeléctrica  que afectará zonas indígenas ha desatado una áspera discusión entre el Gobierno de Brasil y la Organización de Estados Americanos (OEA) La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió una medida cautelar donde pide suspender las obras de la central de Belo Monte que fue desestimada por Brasil en severos términos.


La CIDH informó a Brasil que el 1ro. de abril tomó medidas cautelares a favor de comunidades indígenas que denunciaron al gobierno por la construcción de la usina de Belo Monte, en el Rio Xingú, estado amazónico de Pará.

La OEA fija entre las condiciones mínimas necesarias “realizar procesos de consulta, en cumplimiento de las obligaciones internacionales de Brasil, en el sentido de que la consulta sea previa, libre, informada, de buena fe, culturalmente adecuada, y con el objetivo de llegar a un acuerdo, en relación con cada una de las comunidades indígenas afectadas”.
El Gobierno brasileño respondió por medio de un comunicado de la cancillería en el que tachó de "precipitada e injustificable" la orden de la CIDH, y sugirió que la OEA carece de competencia para opinar en este asunto.
"El Gobierno brasileño (...) recuerda que el carácter de tales sistemas (en referencia a la OEA y el CIDH) es subsidiario o complementario, razón por la cual su actuación solamente se legitima en la hipótesis de fallo de los recursos de la jurisdicción interna", sentenció la nota del Ministerio de Relaciones Exteriores.
Belo Monte será la tercera mayor central hidroeléctrica del mundo, detrás de la china Tres Gargantas y de la brasileño-paraguaya de Itaipú, con una inversión de unos 14.000 millones de dólares.
Un muro de cemento de Belo Monte inundará 506 kilómetros cuadrados de selva, lo que tendrá repercusiones en el ecosistema amazónico y obligará a desalojar a unos 50.000 campesinos e indios, según los datos del proyecto.
El proyecto es gestionado por Gaia Energía, la división de de renovables del Grupo Bertin. La minera Vale compró un 9% en 2010.

La CIDH informó a Brasil que el 1ro. de abril tomó medidas cautelares a favor de comunidades indígenas que denunciaron al gobierno por la construcción de la usina de Belo Monte, en el Rio Xingú, estado amazónico de Pará.


La OEA fija entre las condiciones mínimas necesarias “realizar procesos de consulta, en cumplimiento de las obligaciones internacionales de Brasil, en el sentido de que la consulta sea previa, libre, informada, de buena fe, culturalmente adecuada, y con el objetivo de llegar a un acuerdo, en relación con cada una de las comunidades indígenas afectadas”.

El Gobierno de Vilma respondió por medio de un comunicado de la cancillería en el que tachó de "precipitada e injustificable" la orden de la CIDH, y sugirió que la OEA carece de competencia para opinar en este asunto.

"El Gobierno brasileño (...) recuerda que el carácter de tales sistemas (en referencia a la OEA y el CIDH) es subsidiario o complementario, razón por la cual su actuación solamente se legitima en la hipótesis de fallo de los recursos de la jurisdicción interna", sentenció la nota del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Belo Monte será la tercera mayor central hidroeléctrica del mundo, detrás de la china Tres Gargantas y de la brasileño-paraguaya de Itaipú, con una inversión de unos 14.000 millones de dólares.

Organizaciones ambientalistas también critican el muro de cemento que tendrá Belo Monte y que inundará 506 kilómetros cuadrados de selva, lo que tendrá repercusiones en el ecosistema amazónico y obligará a desalojar a unos 50.000 campesinos e indios, según los ecologistas.

El proyecto es gestionado por la empresa Gaia Energía, la división de de renovables del Grupo Bertin. La minera Vale compró un 9% en 2010.