Ecuador lidera Declaración Conjunta sobre Empresas Transnacionales y Derechos Humanos

16.09.2013 | América Latina

La Declaración recoge las preocupaciones de los países del Sur global respecto a las flagrantes violaciones a los derechos humanos provocadas por las operaciones de las grandes corporaciones transnacionales. Busca generar un instrumento jurídico internacional vinculante que ponga en evidencia las obligaciones de las corporaciones transnacionales en DD.HH.


La Declaración fue presentada por el Embajador Luis Gallegos Chiriboga, Representante Permanente del Ecuador ante la Organización de las Naciones Unidas, en Ginebra durante la 24a Sesión Ordinaria del Consejo de Derechos Humanos. 

La Declaración suscrita por el Grupo Africano, el Grupo de Países Árabes, Pakistán, Kirguistán, Sri Lanka, Bolivia, Cuba, Nicaragua, Venezuela y Perú, expresa la necesidad de aunar esfuerzos entre los Estados concernidos para la generación de un instrumento internacional vinculante sobre Empresas Transnacionales y Derechos Humanos, lo cual cristalizaría la posición defendida por el Ecuador desde el año 2007.

Esta Declaración Conjunta constituye un hito dentro del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, pues hasta el momento, únicamente el Ecuador había defendido la idea de generar un instrumento internacional sobre empresas y derechos humanos.

No obstante, gracias a un arduo trabajo de cabildeo desarrollado por la Delegación ecuatoriana en Ginebra, se ha logrado sumar el apoyo, especialmente de países del sur que exigen mayor equidad y responsabilidad por parte de los grandes poderes transnacionales.

Las organizaciones y movimientos sociales firmantes dan apoyo a la iniciativa del Ecuador y otros Estados en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU hacia la institución de un instrumento internacional legal vinculante, en el marco del sistema de Naciones Unidas, que ponga en evidencia las obligaciones de las corporaciones transnacionales en material de derechos humanos, crímenes  económicos y ecológicos y en particular en relación a abusos y violaciones a los mismos, y promover el establecimiento de mecanismos efectivos para remediar a las víctimas y posibilitar el acceso a la justicia de las comunidades afectadas en caso en que tal remedio no es dado de hecho en las jurisdicciones nacionales. 

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