Empresas tienen hasta junio para cumplir con la nueva legislación sobre “minerales en conflicto”

16.01.2014 | Mundo

La sección 1502 de la ley Dodd–Frank, aprobada en agosto de 2013, establece que para junio de este año las grandes empresas reguladas por la Comisión de Bolsa y Valores de EE.UU. deberán revelar si sus productos contienen “minerales de conflicto” (estaño, tantalio, tungsteno y oro) de la República Democrática del Congo. Además deberán implementar estrategias y planes de acción para mitigar los riesgos e impactos.  Algunas empresas responden con iniciativas y alianzas y otras tratan de apelar a la disposición.


Los conflictos socio-políticos y bélicos de la República Democrática del Congo donde se encuentran muchos de los minerales utilizados en la fabricación productos de consumo popular- como teléfonos móviles, ordenadores, bombillas- y la vinculación de los grupos armados con el comercio de minerales, han cobrado peso en la opinión pública y ahora se expresan en regulaciones. 

El Congreso estadounidense aprobó en agosto de 2013 la sección 1502 de la ley Dodd–Frank de 2010 que establece obligaciones de divulgación a las empresas cotizadas en bolsa. 
 
El Congreso aprobó la disposición sobre revelación de información afirmando reconocer que el comercio de estos minerales es una importante fuente de financiación para los grupos armados activos en el este de la República Democrática del Congo y otras partes de la región. 

Desde junio, las empresas deberán divulgar anualmente un informe que contenga las acciones emprendidas para ejercer debida diligencia con el origen y distribución de estos minerales, la lista y descripción de productos que contengan minerales en conflicto.

La ley determina que para los productos que no contengan estos minerales deberán ser etiquetados como “Libres de minerales en conflicto” o en inglés “DRC Conflict free” (DRC por República Democrática del Congo).  Además de la divulgación las empresas deberán elaborar planes estratégicos sobre el tema. 

Se espera que la ley se aplique sobre 6 mil empresas y tenga un costo de aplicación de entre 3 y 4 billones de dólares. 

Las respuestas del sector privado oscilan entre la adhesión y liderazgo, por un lado, y el rechazo a través de herramientas judiciales, por otro.

Aquellas empresas que adhieren y optan por liderar entre sus pares, como los gigantes de la electrónica Intel y HP,  han creado un fondo económico independiente que tiene como objetivo ayudar a los emprendimientos mineros que se involucren en procesos para certificarse como “mineras libres de conflicto”.

HP e Intel, junto a Sony, Toshiba y otras,  también estuvieron entre los primeros miembros de la Alianza Público-Privada para el Comercio Responsable de Minerales, que se lanzó a finales del año pasado. Otra alianza de ese estilo es la  Electronics Industry Citizenship Coalition (EICC).

Además de las iniciativas en red, las empresa están asumiendo el liderazgo individualmente como HP que divulgó la lista de los 195 hornos de fundición que funcionan en su cadena de suministro con el objetivo de alcanzar la certificación de  “hornos de fundición sin conflictos” (CFS por sus siglas en inglés) por un tercero independiente (otro de los requisitos de la ley) e Intel que se comprometió a que desde 2014 sus procesadores serán libres de minerales en conflicto.

Por otro lado, tres grupos empresariales ha impugnando la disposición a través de las vías judiciales afirmando que va contra la libertad de expresión del sector privado, impone importantes costes y obliga a hablar en contravención de la Primera Enmienda de EE.UU. Pese a la apelación, la disposición fue aprobada. 

Ernst&Young ha publicado una guía sobre minerales en conflicto con todo lo que la empresa necesita saber  acerca de la nueva legislación y  los requisitos de información.