"Es cierto que la Responsabilidad Social Empresaria (RSE) contiene un carácter voluntario, condicionada por el Marco Jurídico Societario, que responde a una cultura dinámica y cambiante, que se adapta a las mejores formas sociales de producción e incorpora los adelantos en términos de una mejor gestión empresaria. Pero existen iniciativas y antecedentes a nivel mundial y en nuestro país (Ley Nacional N° 25877 aún no reglamentada), en términos de legislar uno de los aspectos de la RSE que tiene que ver con el ejercicio real del valor de la transparencia y el acceso a la información por parte de todos los actores interesados y de la ciudadanía en general", sostienen desde el espacio.

"De hecho, la gran mayoría de las grandes empresas enumeradas en el artículo 2 de la Ley ya realizan anualmente este tipo de ejercicios, y los consideran una obligación fundamental para con la sociedad, acorde con la necesaria licencia social para operar en ella" enuncia el comunicado.
 
"Es importante destacar que las reuniones a las que nos convocó el Ministerio de Desarrollo Económico de la Ciudad de Buenos Aires como integrantes del Consejo Consultivo sobre Responsabilidad Social y Ambiental, con el objeto de realizar recomendaciones para el dictado de la reglamentación de la Ley N° 2594, no cumplieron con ese objetivo sino que, por el contrario, violentaron su espíritu al plantear el gobierno la derogación y/o modificación de la citada norma", agrega el comunicado.

Para este grupo de ONG "si carecemos de un decreto reglamentario que torne efectivas estas previsiones legales, la discusión dada oportunamente en torno a la Ley ignora el propio mandato de los legisladores, como así también los esfuerzos realizados por las organizaciones de la sociedad civil a fin de establecer el marco jurídico sobre la transparencia y el público relacionamiento de las empresas y los ciudadanos".
 
La Ley de la Ciudad de Buenos Aires ha sido citada internacionalmente y de esta manera se constituye en un antecedente normativo de referencia nacional e internacional.
 
Desde el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires han manifestado que la decisión política es enviar una ley correctiva en lugar de vetar la 2594, y de hecho ya se realizó una presentación que está por ser revisada por el Poder Legislativo.

"Frente a esta situación, insistimos en la necesidad de reglamentar la Ley, afirmando que las organizaciones internacionales más relevantes en esta temática pueden ayudar a hacer efectiva la implementación de las normas por parte de las empresas, brindando asistencia técnica a tal efecto, tanto al sector público como al privado", culminan.