Ruggie salió al cruce de un posible marco jurídico global para empresas y Derechos Humanos
Para el ex representante de la ONU para Derechos Humanos, John Ruggie, la resolución votada en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU días atrás, que busca fijar un marco jurídico mandatorio para los incumplimientos de empresas multinacionales, retrotrae el debate sobre la cuestión a 1970 cuando se intentó sin suerte una negociación similar que nunca prosperó. A su vez, critica que sólo se incluya a empresas multinacionales y no a las empresas locales.
Para Ruggie este intento represente una “disfunción clásica de hacer la misma cosa una y otra vez y esperar un resultado diferente”.
El experto llamó a los partidarios de la iniciativa a ceder en sus posiciones si están interesados en hacer una diferencia y no sólo con llevar la razón, y a sus oponentes a aceptar que alguna forma de legalización internacional de los negocios y los derechos humanos es a la vez necesaria y deseable.
En una larga carta publicada en la web del Instituto de Derechos y Humanos y Empresa, que él mismo preside, Ruggie también criticó que la resolución haga referencia sólo a "otras empresas comerciales" de una manera que tiene la intención de excluir a las empresas nacionales, “por lo que el nuevo marco legal se aplicaría únicamente a las empresas transnacionales”. De esta manera, según su visión, estarían incluidas las marcas internacionales que compran prendas de las fábricas ubicadas en el edificio de Plaza Rana derrumbado, en Bangladesh, pero no los dueños de las fábricas locales.
Ruggie teme que si el debate no está bien planteado se podría dar una repetición de lo sucedido en la década de 1970 con las negociaciones sobre el Código de Conducta para las Empresas Transnacionales, que se demoró durante años hasta que finalmente fueron abandonadas en 1992.
Para el también Director Ejecutivo de la ONG Shift, los Principios Directivos para Empresas y Derechos Humanos que él mismo elaboró a pedido de la ONU en 2011, ya prevén que los países generen sus propios marcos legales nacionales.
Anticipa que la poca precisión de la Resolución en cuanto a los procedimientos y plazos acabarán dilatando demasiado las negociaciones y que mientras tanto, los países utilizarán los Principios de la ONU ya aprobados.