El V Foro Regional inició el lunes 7 de septiembre con una sesión introductoria sobre los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos, que buscó sentar las bases de la discusión de la semana. Al respecto, Dante Pesce, presidente del Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos, co-anfitrión de este Foro, presentó los resultados del último Reporte del Grupo de Trabajo.

Pesce destacó “que la debida diligencia es aún un ejercicio prematuro, realizado solo por algunos líderes, pero está cobrando impulso en la agenda privada. "Destaco el rol de los inversionistas quienes cada vez preguntan más sobre los impactos de sus carteras”.

El segundo día del Foro se abrió oficialmente las actividades con la Plenaria de Alto Nivel titulada “La conducta empresarial responsable en tiempos difíciles”. Las palabras de apertura fueron entregadas por Michelle Bachelet, Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, co-anfitriona del Foro;  en colaboración con la OCDE y la Unión Europea, en el marco del proyecto CERALC.

“No podemos reconstruir para volver a lo que había antes, necesitamos un nuevo contrato social para una nueva era. Las empresas, inversionistas, y todos los actores privados, deben crear una nueva normalidad alineada a los instrumentos internacionales de la OCDE y la ONU. Esto permitirá responder mejor a otras amenazas como la crisis climática y las desigualdades sociales”, indicó Bachelet.

A continuación, el Canciller de Panamá, Alejandro Ferrer, ofreció unas palabras dado que el evento originalmente debía ser realizado en Panamá pero por la Pandemia se realizó por streaming. El canciller destacó que “la Sostenibilidad es un compromiso y responsabilidad para Panamá” y que impulsará a las empresas para convertir este tema en su foco de los próximos años a través del Plan Nacional de Responsabilidad Social y Derechos Humanos.

1. El sector financiero, el nuevo protagonista del Foro

El día miércoles 9 se realizaron paneles paralelos, destacándose el panel titulado “Invertir en los derechos humanos: Las responsabilidades de los inversores institucionales”, que presentó por primera vez la voz del sector financiero en la materia. La moderación estuvo a cargo de Paloma Muñoz Quick, asesora del Grupos de Trabajo de Naciones Unidas sobre Derechos Humanos y Empresas.

“En 2018, el Grupo de trabajo hizo un llamado a los inversionistas a incorporar los derechos humanos en sus procesos de gestión, y exigir la debida diligencia. Hoy, aun el 70% de los administradores de fondos más grandes no tienen políticas en línea con Principios de Derechos Humanos”, destacó Muñoz.

A continuación, Benjamin Cokelet, fundador y director general de Empower, citó casos emblemáticos de desinversión por malas prácticas en Derechos Humanos. Un caso involucró al Fondo de pensiones de los Países Bajos PGGM que desinvirtió en un proyecto de energía renovable en México por fallas en el proceso de consulta a comunidades.

“Debido a las fallas en la consulta previa a comunidades. Los inversionistas se mostraron preocupados. Pero la inacción hizo que se fuera a juicio con las comunidades que demoraron inicio de proyecto. En diciembre 2013, PGTM desinvirtió. Tener contratos sin el visto bueno de las comunidades, hizo que fracasara el proyecto. Este fue un aprendizaje clave para el sector”.

Froukje Boele, Mánager de Conducta Empresarial Responsable en América Latina y el Caribe de la OCDE, destacó la importancia de incorporar criterios de Derechos Humanos en la gestión de riesgos de sus carteras.

“En 2017, la OCDE presentó una guía para inversionistas, orientación para propietarios de activos y administradores de fondos para que gestionen los riesgos ambientales y sociales en sus carteras”.

Finalmente, Elena Espinoza, Jefa de Asuntos Sociales de PRI (Principles for Responsible Investment)  anunció que la organización de inversores está desarrollando un marco de referencia para traducir los Principios Rectores de DD. HH. en acciones puntuales para inversionistas. Además, el marco de reporte de PRI incluirá en 2021 preguntas sobre estos temas.

2. Fallas en la transparencia corporativa en DD.HH.

Durante el Panel  "Saber y mostrar" se presentaron las brechas en transparencia empresarial en materia de derechos humanos en América Latina. Según los datos del estudio “ESG en América Latina” elaborado por S&P Global y el Centro Vincular de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, la transparencia en Derechos Humanos será el tema de agenda para los próximos años. La evaluación del estudio considera un 2% del puntaje que refiere a los Derechos Humanos. Colombia lidera la región en materia de transparencia, y el más rezagado es Chile.

Por otro lado, otro estudio del Centro Vincular que analiza avances y desafíos en transparencia en DD.HH. en empresas evaluadas por los Índices de Sostenibilidad Dow Jones,  detectó brechas en transparencia.

“El 45% de 109 empresas gestiona pero no divulga sus acciones en Derechos Humanos”, destacó Ingrid Koch  del Centro Vincular.

Finalmente, Laura Espinach, jefe de desarrollo técnico de GRI anunció los cambios que se vienen en estos Estándares de Reporte, para alinearlos a los lineamientos internacionales en materia de Derechos Humanos.

 “Hay pocas empresas que reportan, y las que lo hacen son presentan declaraciones generales y no incluyen políticas y resultados de su gestión. El obstáculo es que las empresas están iniciando la gestión de DD.HH. y es difícil aplicar por la complejidad de sus cadenas de valor”.

3. Hacia un mecanismo obligatorio de debida diligencia empresarial

La Unión Europea y la OCDE coordinaron un panel dedicado a debatir la necesidad de generar en América Latina un marco normativo de debida diligencia para las empresas. Barbara Wettstein, Gerente de Asuntos Públicos de Nestlé, explicó que la empresa apoya proyectos como los que se barajan en la Unión Europea, de establecer por ley procesos de debida diligencia obligatoria.

“Estos generan reglas de juego comunes en materias de estándares sociales y ambientales, y ayudan a distribuir mejor las responsabilidades legales en el caso de posibles incumplimientos”, indicó Wettstein y añadió que la multinacional suiza de alimentos está enfocando sus procesos de debida diligencia en América Latina desde hace una década en sectores críticos como el cacao, el café y el aceite de palma.

A continuación, Carlos Busquets, Director de Políticas Públicas de la organización Responsible Business Alliance (RBA), consideró que el tema de la debida diligencia está creciendo en el mundo. La RBA es una coalición de empresas y ONG, en su inicio sólo de la industria electrónica, que trabaja en el aseguramiento de los derechos humanos en las cadenas de suministro de grandes empresas globales.

“No sólo en Europa sino también en Australia o mismo en América Latina. En México, por caso, la RBA está trabajando con el sector privado y con el gobierno, en reformas de leyes laborales y también en los aspectos de derechos laborales en el marco de los acuerdos de libre comercio”. 

A su turno, Alejandra Ancheita,  Fundadora y Directora Ejecutiva del Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ProDESC) de México, que trabaja con derechos humanos de comunidades indígenas y agrarias, sostuvo que “en América Latina no contamos con mecanismos explícitamente diseñados para velar por debida diligencia empresarial, pero contamos con algunos herramientas legales que nos dan posibilidades, como en México que tenemos el amparo, pero no es un marco específico”.  Para Ancheita, que la debida diligencia no sea obligatoria hace que las consecuencias para las empresas no sean claras.

4. El rol de los Puntos Nacionales de Contacto para la reparación

Durante la sesión plenaria “Todos los caminos hacia la reparación. Perspectivas y desafíos regionales” se buscó dar respuesta a las principales inquietudes del público vinculadas al acceso a la reparación de víctimas de violaciones de derechos humanos relacionadas con empresas ante los Puntos Nacionales de Contacto (en adelante PNC), así como los oportunidades y desafíos de estos mecanismos en la práctica.

Por un lado, Marcela Paiva del PNC en Chile, sostuvo que “los PNC son un sistema no confrontacional donde los intereses de las partes son fundamentales para hacer una intervención”. Y agregó “nosotros no somos entidades fiscalizadoras. Lo importante es trabajar para generar un espacio de diálogo con una mirada de futuro. Con esto no quiero decir que sea irrelevante. Pero al final, lo más importante es poder generar confianza entre las partes, y que a través de la construcción de un proceso de diálogo se llegue a una instancia de reparación. Nosotros no determinamos si hubo violaciones o infracciones.”.

A continuación, Arianna Arce, del PNC de Costa Rica, coincidió al expresar que “es importante focalizar que el PNC es un espacio de diálogo. Nuestro rol de mediadores es facilitar una reparación y un diálogo que impacte positivamente a la víctima, y que le dé un espacio a la empresa para entender lo que está pasando, para así poder cambiar su conducta”.

Lisbeth Loja (PNC Perú) agregó que “el PNC no tiene un rol judicial. Nosotros solo verificamos que exista una vulneración a las Líneas Directrices, pero no nos vamos a abocar a una función de jueces”.

Por su parte, Catalina Gaviria (PNC Colombia) expresó que “si bien las Líneas Directrices son recomendaciones y no son vinculantes, si podemos hacer recomendaciones que ayuden a las partes a tratar de resolver sus diferencias. Esa es una de las grandes fortalezas, porque somos una plataforma de facilitación, de diálogo, que permite a las partes construir sobre esas bases y poder mejorar el relacionamiento, la actividad empresarial, el impacto que tiene la empresa multinacional en la sociedad en la que actúa”.

Al momento de hablar sobre los incentivos para que las empresas participen, Alejandro Poffo (PNC Argentina) afirmó que “por un lado, la importancia para las empresas cumplan con las Líneas Directrices tiene que ver con que las empresas no solamente intentan maximizar los beneficios, sino que son más valiosas cuando logran tener una buena relación con la comunidad en la que se encuentran. Uno de los aspectos positivos de este mecanismo, que es no judicial, es que baja la litigiosidad. Por lo tanto bajan los costos asociados a las empresas y aumentan los beneficios en la medida en que las sociedades ven que a las empresas no sólo les interesa ganar dinero sino además hacerlo en un contexto de respeto a los DDHH, por ejemplo”.

Sobre el final, Arianna Arce (PNC Costa Rica) se refirió a los desafíos regionales que se le presentan a los PNC en dos vías: “ En la región contamos con países con grandes territorios y por eso es importante establecer alianzas con otras instituciones que tengan presencia regional para promover el rol de los PNC, que ayuden a dar a conocer qué son las Líneas Directrices, y cómo utilizar los instrumentos. Y la segunda es que podamos lograr que haya más dialogo con las empresas para que tengan una participación más activa”.

5. El atraso de los Planes Nacionales de Acción

Una reflexión compartida por los participantes del V Foro fue el atraso de América Latina en impulsar Planes Naciones de Acción sobre Empresas y Derechos Humanos (en adelante PAN). En la región, solo Chile, Colombia, Costa Rica, México tienen planes. 

En la sesión del día martes 8 se conocieron las experiencias internacionales en la elaboración del Plan de Acción Nacional (PAN) y cómo ayudan en la implementación de los principios rectores de las Naciones Unidas.

Representantes de Perú fueron invitados a presentar sus avances en el Foro. Edgardo Rodríguez Gómez, Director General de Derechos Humanos, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, de Perú, describió el tercer PAN que tendrá mayor énfasis en los aspectos de remediación.

"Los aportes que percibimos de las empresas, sindicatos, sociedad civil y pueblos indígenas, permiten contrastar las visiones y a la vez detectar las problemáticas y vislumbrar una agenda de demandas al Estado. Además participaron 128 instituciones del Estado", indicó el director de DD. HH.

"Los desafíos del proceso son: 1) Focalizar las líneas clave a abordar al tener 23 áreas temáticas o sectores que abarca el PAN;  2) Construir registros ante la carencia de información; 3) Lograr consensos de los actores. Además, el proceso de elaboración está considerando el impacto de la COVID19 y la especial atención en los avances en DD. HH. del sector empresarial formal, a fin de aprovecharlos en nuestra política pública”, señaló el viceministro.

Finalmente, anunció que Perú contará en los primeros meses del 2021 con el Plan Nacional de Acción sobre Empresas y Derechos Humanos, “para que pueda ser seguido y ajustado debidamente”.