Los recursos permitirán impulsar este cambio en Barbados, Chile, Colombia, Costa Rica, Jamaica, Panamá, Paraguay, República Dominicana y Uruguay.

El fondo facilitará la transición de las ciudades del área hacia un sistema de transporte público resiliente y bajo en emisiones de carbono, al acelerar la adopción de vehículos eléctricos y basados en el hidrógeno y al volver los sistemas de movilidad urbanos más resilientes al cambio climático.

“Los sistemas de movilidad urbanos de la región están bajo fuerte presión. La pandemia de COVID-19 ha dado un duro golpe a las empresas de transporte público, reduciendo la cantidad de usuarios y los ingresos que las empresas necesitan para mantener sus operaciones, dejar atrás los combustibles fósiles volátiles y contaminantes, y emprender la transición hacia fuentes más seguras de energía”, dijo el Presidente del BID, Mauricio Claver-Carone. “Este fondo para la movilidad eléctrica regional aportará los recursos financieros que necesarios adoptar tecnologías más limpias. Además, incrementará la resiliencia de los sistemas de transporte y energía”.

Por su parte, Yannick Glemarec, Director Ejecutivo del Fondo Verde para el Clima sostuvo: “El GCF se complace en asociarse al BID para lanzar el primer bono de promoción de la movilidad eléctrica e hidrógeno verde de la región. Nuestra inversión de US$200 millones no sólo contribuirá a incrementar el acceso al transporte de bajas emisiones y a reforzar la resiliencia de la infraestructura de transporte público, sino que también ofrecerá beneficios socioeconómicos a millones de personas en América Latina y el Caribe”.

Mediante su impulso al acceso al transporte bajo en emisiones, el programa eliminará 7,5 millones de toneladas de emisiones de dióxido de carbono. Su componente de adaptación climática beneficiará a 1,5 millones de personas en forma directa y a 9 millones en forma indirecta, lo que representa el 9 por ciento del total de habitantes de los países cubiertos por el programa. Dichos beneficios incluyen menores gastos en la importación de combustibles fósiles, una mayor capacidad de movilidad en los sectores público y privado, nuevos puestos de trabajo verdes, una transición justa que tenga en cuenta el género y otras consideraciones, y una red de transmisión eléctrica más resistente a los eventos climáticos.   

Se espera que el BID y otros socios aporten US$200 millones al fondo (US$195 millones en préstamos y US$5 millones en donaciones), en tanto que el Fondo Verde para el Clima acaba de aprobar otros US$200 millones (US$145 millones en préstamos y US$55 millones en donaciones). Los gobiernos de los nueve países beneficiarios prevén aportar otros US$50 millones, llevando el total de la inversión inicial en el fondo a US$450 millones.

Casi dos tercios de los fondos (US$284 millones) se destinarán al financiamiento de la movilidad urbana eléctrica integrada. Este componente se debe al bajo interés que despierta la inversión en e-buses, la limitada experiencia en tornar más resiliente la infraestructura de transporte urbano y la falta de apoyo financiero para las inversiones necesarias para hacer estas inversiones menos vulnerables al cambio climático. Este tramo del fondo financiará autobuses eléctricos, taxis y otros vehículos usados en el transporte de pasajeros, servicios de vehículos de entrega de última milla, camiones y flotas institucionales.   

El 22 por ciento del fondo (US$98 millones) será usado para financiar infraestructura de micromovilidad resiliente al clima, como por ejemplo vehículos de corta distancia, estaciones de carga, carriles para bicicletas y calles peatonales. Estos fondos también financiarán la asignación y la mejora del apoyo a los espacios urbanos e infraestructura para el transporte público eléctrico, la atención de las necesidades específicas de cada género, y la conexión de los usuarios con opciones de transporte urbano alternativo (eléctrico y no motorizado).

También financiarán proyectos piloto de vehicle-to grid (vehículo a la red, también conocido como V2G) y de hidrógeno verde para evaluar su viabilidad como formas de incrementar la resiliencia de la red eléctrica. V2G consiste en la utilización de las baterías de vehículos de baja emisión de carbono para el almacenamiento de electricidad y su posterior uso en situaciones de emergencia climatológica.

El programa también incluye un fuerte componente de asistencia técnica para ayudar a mejorar el diseño, las políticas facilitadoras, el marco regulatorio y el modelo de negocios para la participación del sector privado, dado que las ciudades de la región carecen aún de estas condiciones necesarias para la movilidad eléctrica y basada en el hidrógeno verde.

Como parte de este componente, el programa preparará un Plan de Acción de Género destinado a aumentar la participación femenina y la conciencia de género en el sector de electromovilidad, incrementar el acceso de las mujeres a las oportunidades económicas mediante el desarrollo de sus habilidades técnicas y empresariales, establecer incentivos para el empleo de mujeres, e incorporar criterios de elegibilidad de género en los procesos de selección de proyectos.