Asimismo, los cambios mundiales - con el avance de la derecha y el retroceso de la agenda 2030 - hicieron que algunas empresas se alejaran de las metas climáticas. Esto generó el avance de políticas vinculadas a mayor deforestación y explotación de recursos naturales. 

En esta nota, repasamos los principales puntos que marcaron 2025 en materia de empresas y derechos humanos:

ONU alerta sobre los riesgos de la IA

En noviembre de 2025, durante el Foro Anual sobre Empresas y Derechos Humanos, Volker TürkM, el Alto Comisionado de la ONU, advirtió que las grandes corporaciones —especialmente las tecnológicas— y el uso de inteligencia artificial constituyen “un desafío claro y presente” para los derechos humanos. 

Se mencionó que trabajadores vulnerables —migrantes, mujeres, informales— son los más expuestos, y que sin una regulación fuerte la IA y el poder corporativo pueden aumentar abusos laborales y sociales. 

“Cuando los poderosos gigantes tecnológicos introducen nuevas tecnologías, como la inteligencia artificial generativa, los derechos humanos pueden ser las primeras víctimas”, afirmó. “La IA generativa es muy prometedora, pero su explotación con fines puramente políticos o económicos puede manipular, distorsionar y distraer”.

Además se propuso expandir asistencia técnica y avanzar hacia un marco vinculante internacional que regule la conducta empresarial respecto a los derechos humanos. 

Deforestación en el “Gran Chaco” implicando empresas y bancos

Según una investigación publicada por Global Witness, el banco Santander ha coorganizado financiamiento por más de USD 1.300 millones para la empresa agroindustrial argentina Cresud desde 2011. Esta relación financiera se mantuvo incluso después de que el banco español adoptara políticas específicas para limitar su exposición a actividades asociadas con la deforestación.

Cresud y su subsidiaria BrasilAgro han sido vinculadas con la conversión de más de 170.000 hectáreas de bosques nativos en América del Sur desde el año 2000, principalmente en el Gran Chaco, un bioma que abarca regiones de Argentina, Brasil, Paraguay y Bolivia y que alberga importantes ecosistemas y comunidades indígenas.

Esa deforestación directa no sólo afecta el ambiente, sino derechos territoriales, culturales y de subsistencia de millones de personas. 

El caso expone cómo flujos financieros globales, a través de inversiones y créditos, pueden facilitar violaciones a derechos humanos en territorio latinoamericano.

Retroceso en derechos laborales en América

Según la Confederación Sindical Internacional (CSI), en su Índice Global de Derechos 2025, las Américas registraron la peor puntuación histórica en derechos laborales desde 2014. 

Con una calificación promedio de 3,68, frente al 3,56 de 2024, América se consolida como una región donde las violaciones sistemáticas o regulares de los derechos laborales son la norma. Es la caída más pronunciada desde 2017 y sitúa a Américas como la región más peligrosa del mundo para ejercer la actividad sindical.

Se documentan obstáculos sistemáticos al registro sindical, violaciones al derecho de huelga, precarización, represión sindical, lo que impacta fuertemente el derecho al trabajo decente en la región. 

Este contexto agrava la vulnerabilidad de trabajadores, muchas veces en sectores informales o en industrias extractivas, agrícolas y mineras, con baja regulación y alta exposición a abusos.

Aumento de juicios por transición energética en la región

Según un informe del Business & Human Rights Resource Centre (BHRRC), más de la mitad de las demandas judiciales globales desde 2009 vinculadas a la “transición energética” se concentran en América Latina y el Caribe (53 %). 

El informe “Justicia en la transición: Litigios por abusos empresariales en el cambio hacia una energía limpia para todas las personas – Análisis de 2025”, se centra en el análisis de  la Herramienta de Seguimiento de Litigios para una Transición Justa. En 2025, la Herramienta  presentó un total de 95 demandas que se han iniciado en todo el mundo desde 2009, llevadas adelante por pueblos indígenas, otras comunidades de primera línea, personas defensoras de los derechos humanos y trabajadoras a escala global, con el fin de proteger sus derechos humanos en el contexto de la transición energética a lo largo de toda la cadena de valor de las energías renovables. 

También se observa un incremento en los litigios por una transición justa: se identificaron 17 casos presentados en 2024, lo que supone un aumento en comparación con años anteriores (en 2023 se presentaron 10 casos de nuestra Herramienta de Seguimiento y 13 en 2022).

Entre los principales hallazgos se encuentra que la extracción de minerales de transición sigue siendo el sector que concentra la mayoría de demandas, al representar más del 70 % (67 casos) de las demandas mundiales examinadas.

Los principales daños causados por los proyectos son los ambientales en el 70 % (67) de los casos analizados, los relacionados con el agua (56 % - 53 casos) y el 48 % (46) de los casos están relacionados con las consecuencias negativas de los proyectos en los medios de subsistencia de las comunidades afectadas; por otra parte, el 40 % (38) se refiere a sus repercusiones en zonas protegidas como las tierras sagradas de los pueblos indígenas, las tierras de pastoreo, el patrimonio agrícola o los parques nacionales.

Esto evidencia que la “transición energética” —aunque necesaria— está generando conflictos socioambientales y denunciantes de abusos, especialmente donde no se respeta la consulta previa, libre e informada de las comunidades. 

Explotación laboral en plataformas digitales 

En mayo de 2025, Human Rights Watch publicó un informe que analiza la explotación dentro de empresas de economía gig en Estados Unidos (como entrega o transporte bajo apps). Según el estudio, muchas de estas personas son tratadas como “contratistas independientes”, lo que les impide acceder a derechos laborales básicos. 

El informe “La trampa de la economía gig: Explotación algorítmica, salarial y laboral en el trabajo en plataformas en EE. UU.” centra su análisis en siete grandes empresas que operan en EE. UU.: Amazon Flex, DoorDash, Favor, Instacart, Lyft, Shipt y Uber. Estas empresas afirman ofrecer “flexibilidad” a quienes trabajan realizando pequeños encargos, pero a menudo terminan pagándoles menos que el salario mínimo estatal o local. Seis de las siete empresas utilizan algoritmos con reglas poco claras para asignar trabajos y determinar salarios, lo que implica que las trabajadoras y los trabajadores no saben cuánto se les pagará hasta después de completar la tarea.

Así, los salarios bajos, el control algorítmico y los obstáculos a la sindicalización implican que muchos trabajadores quedan atrapados en una situación de inseguridad económica, incluso mientras empresas que ganan miles de millones aumentan su participación en el mercado y sus ingresos, concluyó Human Rights Watch.

Conclusiones 2025

Las disputas ambientales —minería, deforestación, agronegocio— siguen siendo uno de los frentes más activos donde empresas, Estados y comunidades entran en conflicto: derechos de pueblos indígenas, territorio, ambiente y salud.

La “transición energética” y “minerales críticos” (litio, cobre, etc.) no son neutros: traen riesgos estructurales de vulneración de derechos si no se asegura la consulta, participación y justicia.

Aunque hay avances institucionales en regulación que intentan dar herramientas de control y prevención de abusos empresariales. Aún existe un retroceso en derechos laborales y sindicales, lo que evidencia que muchas de estas mejoras se concentran en ámbitos ambientales o indígenas, mientras que el trabajo sigue siendo precarizado.