El Consejo Argentino de Relaciones Internacionales (CARI) realizó el "Primer Encuentro sobre Incentivos Fiscales para el Desarrollo de la Cultura", con el objeto de analizar la ausencia de un marco legal que incentive y controle el apoyo económico de empresas privadas a los artistas y los proyectos culturales.

La inminente reglamentación de la ya sancionada Ley 25.855, de Voluntariado Social, ha generado un debate dentro de las organizaciones sociales.

El secretario general de Empleo del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, Antonio González, afirmó la semana pasada en Santander que la responsabilidad social de las empresas 'o es voluntaria o va a ser muy difícil' ponerla en marcha, por lo que descartó que el Gobierno vaya a impulsar una normativa que obligue a las compañías a ejecutar estas prácticas. Por su parte, la secretaria de Política Económica y Empleo del PSOE, Inmaculada Rodríguez-Piñero, defendió el firme compromiso del Gobierno socialista con la responsabilidad social empresaria.

Se presentó ayer en Extremadura la Alianza para el Liderazgo Responsable de Extremadura. Cuenta al momento con 27 miembros, entre los que se encuentran empresas de todos los sectores, entidades y particulares. Entre sus objetivos está el difundir los principios de la responsabilidad social empresarial para lograr que Extremadura se convierta en referente de estas prácticas, con el fin último de mejorar la competitividad de la empresa extremeña e impulsar la Ley de RSE de Extremadura.

El diputado argentino Eduardo Galantini presentó un Proyecto de Ley que propone que todas las empresas en donde presten servicios un mínimo de cien trabajadores deben instalar guarderías infantiles para el cuidado de los hijos de las empleados u obreros con menores a cargo, comprendidos entre los cuarenta y cinco días y los cuatro años de edad. El proyecto prevé que la sala maternal o guardería deberá funcionar dentro del lugar de trabajo o en sus adyacentes, y estará a cargo de personal especializado y debidamente habilitado para ejercer tal función. También establece la posibilidad de que el empleador se exima de la obligación compensando con una suma fija mensual al empleado.

La comisión de Constitución, Justicia y Ciudadanía de la Cámara de Diputados del Brasil aprobó el último jueves el proyecto de ley del diputado Sarney Filho (Partido Verde), que refuerza la ley de crímenes ambientales. El proyecto tipifica los siguientes crímenes ambientales: alterar o manipular fuego en área forestal sin las precauciones necesarias, importar o vender productos tóxicos o potencialmente peligrosos para el medio ambiente y la salud publica cuya venta haya sido prohibida en su país de origen, importar residuos tóxicos o potencialmente peligrosos y exportar irregularmente una especie vegetal nativa.

El Parlamento Europeo ha aprobado una resolución sobre la responsabilidad social de las empresas subcontratadas en las cadenas de producción, en la que se propone el establecimiento de una responsabilidad solidaria a nivel europeo. Además, los europarlamentarios felicitan a España y a otros siete Estados miembros por haber introducido normas que regulen esta materia.

La diputada nacional por la Provincia de Misiones (Argentina), Lía Fabiola Bianco, del Frente Para la Victoria (FPV) presentó proyecto de ley sobre presupuesto mínimo ambiental para la gestión del recurso del suelo. La ley establece los presupuestos mínimos para la gestión del recurso del suelo, promoviendo la conservación y la recuperación de suelos degradados en su fertilidad física, química y/o biológica. La ley busca impulsar acciones de prevención y lucha contra toda práctica, actividad, proceso o conjunto de ellos que afecten o puedan afectar en forma irrecuperable al recurso del suelo.

CCOO se ha propuesto impulsar el desarrollo de la Ley de Igualdad en las empresas, porque va con retraso y establecer así planes de igualdad en los centros de trabajo que estén obligados a tenerlos, según afirmó Ignacio Fernández Toxo, tras un encuentro mantenido con la ministra de Igualdad, Bibiana Aído. Para el secretario general de CCOO, el desarrollo de la ley de Igualdad "va con retraso" debido, en parte, a que nació con el rechazo de los empresarios, por lo que hay que impulsar la norma.

Se trata de una modificación del código penal propuesta por el Poder Ejecutivo que fija la incorporacion de la figura de la responsabilidad en el actuar por otro y de la responsabilidad penal de las personas jurídicas. El proyecto fue redactado por la Oficina Anticorrupción (OA) y responde a recomendaciones de distintos convenciones internacionales de lucha contra la corrupción de organismos como la ONU y la OCDE, que varios países están actualizando. Ingresó a la Comisión de Legislación Penal.