A partir de dicha declaración de constitucionalidad se inicia una nueva pelea con los grandes grupos económicos de nuestro país, señalaron Alconsumidor, El Poder del Consumidor, El Barzón, Amedi y Oxfam México. "Los intereses más conservadores de las cámaras del Congreso y de la administración pública han venido organizando una estrategia para nulificar este derecho a partir de una legislación secundaria totalmente ventajosa para las instituciones financieras, empresas de servicios, organismos gubernamentales y todos aquellos que de manera recurrente están provocando daños y abusos contra grandes segmentos de la población", señalaron en una página web que las organizaciones mencionadas lanzaron recientemente de manera conjunta.
Agregan que "desde hace meses nuestro movimiento ha venido sosteniendo reuniones con diferentes grupos de la iniciativa privada y del gobierno en torno a la legislación secundaria. La posición de estos sectores es inflexible. Al menos hay cuatro grandes puntos de divergencia que por el momento abren un gran abismo entre las distintas posiciones". 

Los puntos centrales de desacuerdo son:
LOS TEMAS DE LA ACCIÓN Y LA DEFENSA COLECTIVA
Para nosotros resulta inadmisible que las acciones colectivas sólo se reduzcan a los problemas de consumidores, servicios financieros y medio ambiente. No podemos olvidar aquellos temas que tienen que ver con derechos humanos, los asuntos laborales, los que tienen que ver con pequeños accionistas, la cultura, la rendición de cuentas y la acción gubernamental.

LA LEGITIMIDAD DE LA ACCIÓN COLECTIVA
Es inadmisible que la legitimidad para emprender la acción y la defensa colectiva se concentre en la PROFECO, CONDUSEF y LA PROCURADURÍA DEL MEDIO AMBIENTE. Lo que los grupos económicos pretenden hacer es negar el derecho para que de manera autónoma, los grupos sociales acudan ante las autoridades del poder judicial o el Ministerio Público para defender sus derechos y exigir la reparación del daño.

LA REPARACIÓN DEL DAÑO
Lo más importante de la acción colectiva es el pago de la indemnización y la reparación del daño, pues la esencia de los nuevos derechos es precisamente las de disuadir el comportamiento abusivo y el daño que provocan las empresas y las instituciones gubernamentales. La sanción no puede reducirse a las multas. Ello va a provocar que continúe la conducta arbitraria dañando el desarrollo sustentable y la economía y el bienestar de la población.

REQUISITOS EN LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA COLECTIVA
En la ley reglamentaría quieren imponer una serie de requisitos, en términos de tiempo de constituidos los grupos, de membresía y de representatividad, que hagan imposible que los grupos de la sociedad puedan ejercer estos derechos, señalan las organizaciones mexicanas, añadiendo que "los próximos meses serán de una dura confrontación entre aquellos sectores decididos a actuar al margen de la ley y que de manera constante abusan de grandes sectores de la población y los grupos de la sociedad que peleamos por una ley reglamentaría que en verdad suprima los privilegios y detenga la arbitrariedad".

Los grupos de la sociedad, "estamos empeñados en abrir un amplio debate con las universidades, los legisladores, la iniciativa privada, los organismos gubernamentales para dar paso a un CÓDIGO CIVIL DE ACCIONES COLECTIVAS, y a partir de ello hacer modificaciones a distintos preceptos legales, con el objetivo de que nuestro país y todos los mexicanos tengamos un marco legal para defender los derechos de la colectividad".
Los grupos empresariales quieren repetir la historia ocurrida en la pasada legislatura de la Cámara de Diputados donde obligaron a los legisladores a resolver una reforma de acuerdo con sus intereses. Ha sido la presión de los grupos de la sociedad los que han logrado modificar la actitud de captura que mostraron anteriormente los anteriores diputados.
(Fuente: Consumidores.org)