“Observo a nivel global una tendencia, en especial en América Latina, de los gobiernos en empezar a tomar pasos significativos para asegurar que las empresas, en su jurisdicción, implementen los Principios Rectores de Empresas y DD HH de Naciones Unidas”, afirma Paloma Muñoz, Directora de la Alianza de  Inversores por los derechos humanos, del Interfaith Center on Corporate Responsibility (ICCR).

Desde su adopción en el año 2011, los Principios Rectores de las Naciones Unidas en Empresas y Derechos Humanos (PRNU),  se viene incentivado el desarrollo de Planes de Acción Nacionales en Empresas y Derechos Humanos (PAN) como instrumento de implementación a nivel nacional. Los PAN representan una herramienta estándar para que los gobiernos coordinen y prioricen acciones sobre el tema, con el propósito de revisar las necesidades y acciones del nivel nacional; crear consciencia e iniciar acción, interna y externa; establecer objetivos mensurables y realistas.

En las Américas, apenas 3 países cuentan con PAN aprobados (Colombia, Chile, y los Estados Unidos), y 4 se encuentran oficialmente en proceso de desarrollo de un PAN (Argentina, Perú, Honduras, México).

Para el Instituto Danés de Derechos Humanos, uno de los principales retos en cuanto a la dinámica de la región frente al tema de empresas y derechos humanos se encuentra en el hecho de poder fijar estándares comunes para fijar un 'deber ser' coherente con el marco jurídico aplicable a los Estados, resaltando particularmente el que constituye el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, y los mecanismos de protección del sistema universal.

“Europa ha sido el líder, en término de planes de acciones, pero América Latina ha sido la segunda región que ha liderado el tema. Es una señal, que demuestra un gran interés, pero también que existen muchos problemas”, agrega Muñoz.

En la actualidad, bajo el respaldo financiero de la UE; la OIT, la OCDE y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), se encuentran desarrollando el proyecto regional denominado “Conducta Empresarial Responsable en América Latina y el Caribe (CERAL) con el objetivo de promover políticas y prácticas en el ámbito de la conducta empresarial responsable para el periodo 2019-2023. El proyecto incluye entre sus líneas de acción: Impulsar la elaboración y la implementación de PAN a través de procesos participativos e inclusivos, incluyendo acceso a remediación y seguimiento legislativo.

- Industrias críticas

Si bien la agenda de los derechos humanos es por su propia definición de alcance universal, no todas las industrias tienen el mismo nivel de exposición crítica, ni tienen impacto sobre los mismos asuntos.

“Se ven serios problemas en el sector extractivo y los impactos que generan en la comunidad y en los impactos socioambientales, al igual que problemas en la agricultura masiva. También en el área de energía renovables, principalmente el sector hidroeléctrico ha creado muchos problemas en Centroamérica con los defensores de derechos humanos. Hay demasiados desafíos en varios sectores”, analiza Paloma Muñoz.

Otro sector con alta exposición es el minorista. “En el caso del sector retail, hay problemas en los derechos de trabajadores vinculados a las condiciones de trabajo. Existen problemas en toda la región en cuanto a salario digno, derechos sindicales, ya que en algunos países son más fuertes que otros o en algunos no existen como en México”, explica Muñoz.

La industria de alimentos es cada vez más consciente de los altos riesgos que corren en materia de Derechos Humanos, en especial en sus cadenas de suministro.  La mayor compañía cárnica del mundo, JBS, perdió el acceso a un comprador clave después de ser investigada por trabajo forzoso. El Grupo WH, propietario de Smithfield Foods, se ubicó en el último lugar del ranking sobre trabajo forzoso en la industria de alimentos. Monster Beverage también recibió una puntuación fallida y, como resultado, enfrenta una presión continua de los accionistas.

Wilmar International, una importante empresa de plantación de aceite de palma en Asia, tiene una experiencia de primera mano sobre los riesgos de no gestionar proactivamente los riesgos de derechos humanos. La empresa enfrentó importantes costos de litigios, reputación y mercado. Desde entonces, Wilmar ha realizado mejoras, particularmente en el establecimiento de un programa integral de reclamos que incluye la divulgación del progreso en el tratamiento de quejas. Esto cubre todas las sospechas de violaciones e inquietudes relacionadas con los derechos humanos y ambientales en sus operaciones directas y su cadena de suministro.

Los inversionistas están presionando cada vez más por un mayor compromiso de la industria de alimentos con los DD.HH. Este año, se presentaron más de dos docenas de resoluciones de accionistas relacionadas con derechos humanos y compañías de alimentos, incluyendo McDonald's, Hershey y Dean Foods.

- Los inversores

Un reciente informe de la coalición de inversores CERES ubica a los riesgos de derechos humanos en el top cinco de preocupaciones de los los grupos inversores sensibles a la agenda de la sustentabilidad.

“Los abusos de los derechos humanos y otros riesgos de sostenibilidad amenazan cada vez más con socavar las operaciones comerciales e interrumpir las cadenas de suministro mundiales. Nuestra investigación muestra que cuando las empresas se mueven para integrar y divulgar los problemas de sostenibilidad terminan superando a sus competidores. Como resultado, el mercado de inversión continúa viendo un crecimiento en la inversión sostenible, que representa una cuarta parte de todos los activos administrados profesionalmente en todo el mundo”, dijo Kristen Lang, directora de Ceres Company Network y autora del informe.

Una Alianza de Inversores Globales por los Derechos Humanos se lanzó formalmente hace un año, coordinada por el grupo de inversores nuecleados en el Interfaith Center on Corporate Responsibility (ICCR).

Esta red colabora para que las empresas de los portafolios de los inversionistas respeten los DD.HH. Capacita a las empresas sobre cuáles son las responsabilidades de DD.HH., cómo esas responsabilidades de debida diligencia se relacionan con las empresas que están en su portafolio, y a identificar cómo esas empresas respetan los DD HH y qué acciones implementan para remediar cuando estos derechos humanos son abusados.

“Anteriormente había sido muy lenta la implementación, pero a partir del lanzamiento formal, un grupo masivo de inversionista empezó, sistemáticamente, de manera coordinada a pedirle a las empresas multinacionales la implementación completa de los Principios Rectores. Actualmente, nuestros inversionistas están en 14 países, incluyendo Colombia, y esperamos crecer más”, cuenta Paloma Muñoz, coordinadora de la alianza, a ComunicaRSE.

“El gran cambio que promovemos es decirles a los inversionistas que también son empresas, esto quiere decir que los inversionistas también tienen que implementar los principios rectores. Esto ha sido un cambio masivo y a nivel intelectual para instituciones que son miembros de la Alianza”, analiza Muñoz.

- Cómo asegurarse el verdadero cumplimiento

“La debida diligencia en materia de derechos humanos consiste en evitar los efectos negativos sobre las personas”, sostiene Dante Pesce, que preside el Grupo de trabajo sobre empresas y derechos humanos de la ONU. “Básicamente, entraña identificar los riesgos para las personas en toda la cadena de valor, ser transparente con respecto a dichos riesgos y actuar para prevenirlos o paliarlos. Para que sea algo útil, ha de contar con una verdadera participación de todas las partes interesadas, en particular, las comunidades, los defensores de los derechos humanos y del medio ambiente, y los sindicatos”, añade.

Un inversor que quiera evaluar a una empresa de su cartera tiene que analizar el nivel de compromiso real que existe en la empresa. En ese punto es primordial ver si existe una política de derechos humanos, si dicha política se adoptó al nivel más alto de la organización, y si esa alta dirección estuvo involucrada en el proceso de desarrollo. Otro aspecto relevante es verificar el nivel de responsabilidad de la persona a cargo de implementar esa política dentro de la empresa.

Una vez puesta en práctica la política, los inversores deberían prestar atención a si la empresa mide y divulga su impacto en esta materia. De acuerdo a los analistas, las empresas tienen que comunicar a los inversores cuáles son sus issues, cómo los identificaron, cuáles son las personas potencialmente afectadas, qué pasos han tomado para corregir o prevenir los impactos negativos, e incluso informar sobre la remediación, o la reparación, para las personas afectadas.

Para ellos existen algunas herramientas:

- UN Guiding Principles Reporting Framework :  impulsado por Shift, la consultora fundada por John Ruggie, es un marco que orienta a las emrpesas en el reporte y divulgación de cómo respetan los derechos humanos.

- Corporate Human Rights Benchmark :  Es una alianza liderada por inversionistas y organizaciones de la sociedad civil dedicada a crear el primer punto de referencia público y abierto del desempeño corporativo en los derechos humanos.

- Ranking Digital Rights: clasifica a 24 compañías de tecnología en sus compromisos, políticas y prácticas de divulgación que afectan la libertad de expresión y la privacidad de los usuarios de Internet en todo el mundo.

- Responsible Mining Index:  evalúa las empresas desde la perspectiva de lo que la sociedad espera de las empresas dedicadas a la minería a gran escala, y examina el grado en que las empresas abordan una serie de cuestiones relacionadas con la EESG de manera sistemática en todas sus actividades mineras y a lo largo de todo el ciclo de vida de sus proyectos.

- RobecoSAM • The Sustainability Yearbook 2018: un análisis anual de ESG a 3.800 empresas listadas en bolsas de valores, RobecoSAM ha conformado una de las bases de datos más completas del mundo con información desostenibilidad material en términos financieros. 

- Hacia la debida diligencia

Si bien a menudo se hace referencia al proceso de diligencia debida en materia de derechos humanos en la empresda, poco se sabe en realidad qué es lo que implica. De acuerdo a la definición de la ONU, se trata de un conjunto de procesos interrelacionados, que debería incluir cuatro componentes básicos:

1- Identificar y evaluar los efectos adversos reales o potenciales sobre los derechos humanos que la empresa haya causado o contribuido a causar a través de sus actividades, o que guarden relación directa con las operaciones, los productos o los servicios prestados por sus relaciones comerciales.

2- Integrar los resultados de las evaluaciones de impacto en las funciones y los procesos pertinentes de la empresa, y adoptar las medidas adecuadas conforme a su participación en el impacto. Más concretamente, si la empresa causa estos efectos, deberá adoptar medidas para ponerles fin o prevenirlos.

3- Hacer un seguimiento de la eficacia de las medidas y los procesos adoptados para contrarrestar estos efectos adversos sobre los derechos humanos a fin de saber si están dando resultado.

4- Comunicar de qué manera se encaran los efectos adversos y demostrar a las partes interesadas ( en especial a las afectadas) que se han dispuesto políticas y procesos adecuados para la aplicación del respeto de los derechos humanos en la práctica

- ¿Qué puede hacer una empresa?

El instituto Danés de Derechos Humanos recomienda a las empresas una serie actividades concretas a realizar  para iniciar  un proceso de debida diligencia.

• Realizar mapeos y líneas de base sectoriales
• Reforzar el ‘business case’
• Incentivar la creación de fondos comunes de participación financiados por las empresas y gremios para involucrar OSC.
• Involucrar medios de comunicación
• Generar acercamientos con las cámaras y gremios empresariales
• Mapear riesgos en DDHH
• Usar incentivos/compromisos planteados en la Agenda 2030/Pacto Global
• Aprovechar buenas prácticas de empresas que se han consolidado en materia de Empresa yDDHH
• Fomentar un rol activo de los gremios
• Documentar buenas prácticas empresariales
• Empujar la ‘competencia’ entre empresas por buenas prácticas en respeto de DDHH (benchmarks)
• Desarrollar líneas de base sectoriales.

“El tema más difícil es identificar una cultura de respeto a los DD.HH., para ello estamos trabajando para averiguar cómo se puede medir a las empresas y su cultura en cuanto al respeto de los DD. HH. Estamos colaborando con Shift en un proyecto para saber cómo evaluar las empresas, y no solamente lo que comunica, sino medir el impacto real en las personas”, anticipa la ejecutiva del ICCR.

- Una buena práctica en América Latina

Repsol arrastraba una larga historia de conflictos con comunidades indígenas de Bolivia y Perú, derivadas del impacto ambiental y social que la infraestructura de sus inversiones en exploración petrolera tenía sobre los territorios de estas comunidades.

En julio de 2013 Repsol aprobó una “Política de Respeto a los Derechos Humanos” siguiendo las recomendaciones específicas del Marco de Naciones Unidas “Proteger, Respetar, Remediar” y de sus Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos, que es frecuentemente señalada como una de las mejores prácticas de la región.

La política recoge los compromisos adquiridos por Repsol en materia de derechos humanos en sus actuaciones con sus partes interesadas: empleados, comunidades locales, clientes, socios y otras relaciones comerciales. Fue aprobada por el máximo nivel gerencial de la organización y en enero de 2014 el Presidente Ejecutivo de Repsol envió personalmente una comunicación sobre la misma a todos los empleados de la compañía.

A partir de esta política la petrolera española se comprometió a reconocer y respetar “la naturaleza única de los pueblos indígenas, tribales, aborígenes y originarios”. Reconocer y respetar sus derechos, de acuerdo con la legislación vigente y con el Convenio 169 de la OIT, esté incorporado o no a la legislación de cada país. Esto incluye, entre otros, los derechos a las tierras, sus territorios y recursos, incluida el agua, a su organización, a su estructura social y económica y a la consulta libre, previa e informada, mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas.