Se endurecen los marcos de DDHH y empresa

30.01.2024 | DDHH

Durante 2023  se siguieron escuchando voces, tanto de la sociedad civil como de los sindicatos y organismos internacionales, que claman por fijar marcos normativos en materia de empresas y derechos humanos. Todo hace pensar que esta tendencia se incrementará durante los próximos años y tendrá un particular impacto en América Latina, región en la que diversos países están atravesando procesos de este tipo. Los procesos de debida diligencia voluntarios parecieran llegar a su fin. 


Kalpona Akter, directora ejecutiva del Centro de Solidaridad de los Trabajadores de Bangladesh y presidenta de la Federación de Trabajadores Industriales y de la Confección de Bangladesh, afiliada a IndustriALL, expresó durante un semanario: “La diligencia debida obligatoria reforzará la sindicalización, la protección de los derechos laborales, la libertad sindical y la seguridad de las condiciones de trabajo. Esto contrarresta la reducción de los espacios de sindicalización”.

Añadió que, actualmente, los enfoques de gobernanza ambiental y social se usan como herramientas para el lavado de cara ecológico y ético, ya que no lograron detener la explotación de los trabajadores a través de los bajos salarios, las jornadas laborales extensas, el trabajo infantil y otros abusos contra los derechos humanos.

Glen Mpufane, director de minería de IndustriALL, quien también fue uno de los oradores, expresó: “Los trabajadores, a través de los sindicatos, son la formación más organizada de la sociedad civil e interlocutores poderosos para garantizar la sostenibilidad. Los sindicatos se muestran cautelosamente optimistas en cuanto a que la Ley de Diligencia Debida en la Cadena de Suministro de Alemania está cambiando la narrativa”.

Como ejemplo, un grupo de dirigentes sindicales del sector textil y de la confección de Bangladesh, Camboya, Myanmar y Túnez pidieron una legislación en materia de diligencia debida, así como el apoyo de Europa para evitar que vuelva a ocurrir una tragedia como la del Rana Plaza.

Por su lado, Surya Deva, relator especial de la ONU sobre el derecho al desarrollo, llamó a las empresas a reorientar su propósito, cambiar los modelos irresponsables e ir más allá del planteamiento de "no hacer daño". Remarcó que hoy  los beneficios empresariales no reflejan las externalidades ni la inversión de mano de obra por parte de los trabajadores.

El Parlamento Europeo aprobó el año pasado su posición sobre la propuesta legislativa para integrar los derechos humanos y el impacto medioambiental en la gobernanza de las empresas. Habrá multas de hasta el 5% de la facturación global en caso de infracción.

Las nuevas normas se aplicarán a las empresas con sede en la UE, de todos los sectores, incluido el financiero, con más de 250 empleados y una facturación superior a 40 millones de euros, así como a las matrices que tengan más de 500 empleados y una facturación global por encima de los 150 millones de euros. 

De aprobarse esta norma en el parlamento europeo durante 2024, Las compañías estarán obligadas a identificar, y en caso necesario prevenir, interrumpir o mitigar el impacto negativo de sus actividades sobre los derechos humanos y el medio ambiente. Entre otros efectos, la legislación busca evitar el trabajo infantil, la esclavitud, la explotación laboral, la contaminación, la degradación medioambiental y la pérdida de biodiversidad. También tendrán que vigilar y evaluar los efectos causados por sus socios en la cadena de valor, lo que incluye no sólo a los suministradores, sino también a los encargados de ventas, distribución, transporte, almacenamiento, gestión de residuos y otros ámbitos.

"Hay un número creciente de políticas relacionadas con la debida diligencia en todo el mundo, en particular aquellas que establecen expectativas de una mayor rendición de cuentas sobre los impactos ambientales y sociales. Las organizaciones deben estar preparadas para esta realidad y alinear sus procesos de debida diligencia con las expectativas internacionales, según lo establecido por la ONU y la OCDE”, afirma Peter Paul van de Wijs, director de políticas de GRI en el documento "Corporate sustainability due diligence policies and sustainability reporting" publicado en 2023. 

“(...)llevamos 25 años de reporte voluntario y nos vamos a mover a un escenario obligatorio. Y tiene que haber humildad y reconocimiento de todos los actores de que esto es un proceso nuevo de aprendizaje”, sostuvo Andrea Pradilla, Directora para Latam del GRI, entrevistada por ComunicarSe, en marzo de 2023. 

(Este artículo forma parte de nuestro estudio Tendencias en sostenibilidad empresaria en América Latina 2024)

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