Ante las quejas de pasajeros con discapacidad que han sufrido recientemente decisiones de este tipo, el CERMI insta a la compañía aérea a tratar con corrección y respeto a las personas con discapacidad, favoreciendo así su libertad de desplazamiento, y a no acogerse a aspectos obsoletos y excluyentes de la reglamentación europea sobre aviación, para justificar una conducta que es recibida por el movimiento social de la discapacidad como hostil y contraria a los derechos de esta parte de la ciudadanía.

El CERMI señala que, aunque la normativa europea aprobada en 2006 (denunciada en este punto por la discapacidad europea y española como discriminatoria, pero que la UE mantiene por las presiones de la industria aérea) permite a las compañías el que puedan requerir que el pasajero con discapacidad viaje acompañado, lo cierto es que ninguna línea aérea española se ha atrevido hasta ahora a aplicar esta exigencia, por lo desorbitada e injusta que resulta.
 
"Air Europa debe huir de cualquier tentación de hacer uso de esta posibilidad, si no quiere ser percibida como una línea aérea enemiga de las personas con discapacidad y de sus derechos, que renunciarán en lo sucesivo a usar sus servicios", indica.
 
Reforma de la regulación europea
 
Para que no vuelvan a producirse hechos como estos, hay que atacar el origen del problema, que no es otro que la vigente regulación europea en la materia, que pese a las críticas permanentes de las organizaciones de discapacidad, no garantiza los derechos de los pasajeros con discapacidad.
 
Al contrario de la normativa norteamericana, más respetuosa con las personas con discapacidad, la regulación europea no sólo faculta a las compañías para exigir que los viajeros con discapacidad vuelen acompañados, sino que también permite la denegación de embarque de pasajeros con discapacidad alegando motivos de seguridad.
 
Dado que la Comisión Europea ha anunciado la revisión en los próximos meses de parte de las reglamentaciones aéreas, es el momento de revisar la normativa en estos puntos y dar una respuesta adecuada a las demandas de las personas con discapacidad.
 
Para presionar en esta dirección, el CERMI ha denunciado estos aspectos ante el Defensor del Pueblo de la Unión Europea, y ha presentado una petición ante la Comisión del Parlamento Europeo que atiende las solicitudes individuales y colectivas de la ciudadanía.