Del 9 al 11 de abril, se realizó el IX Foro Regional sobre Empresas y Derechos Humanos en São Paulo, Brasil. El evento reunió a más de 700 personas de gobiernos, empresas, comunidades, sindicatos, pueblos originarios, academia y sociedad civil de toda América Latina. 

Nicolás Liarte-Vejrup, Coordinador de Programas de Impacto Pacto Global Argentina, estuvo presente en el mismo, destacando que “Fue un espacio de escucha honesta, muchas veces incómoda, pero absolutamente necesaria”.  A continuación, en una entrevista con ComunicarSe comparte algunas reflexiones clave.

¿Cuáles son los principales riesgos de las empresas en DDHH en América Latina?

Los principales riesgos están profundamente ligados a las desigualdades estructurales que caracterizan la región. Persisten situaciones de trabajo precario, informalidad y tercerización sin garantías básicas. Se suman impactos ambientales que afectan desproporcionadamente a pueblos originarios, y zonas rurales donde no siempre se respeta el derecho a la consulta previa, libre e informada. Estudios internacionales detectan el incremento de casos de criminalización de personas defensoras de derechos humanos. Muchas veces, el discurso empresarial de sostenibilidad se desvincula de sus prácticas reales en las cadenas de suministro.

Entiendo que, en numerosos casos, uno de los principales desafíos radica en operar en determinados territorios sin reconocer plenamente que los derechos humanos no son una opción, sino una obligación inherente a la actividad empresarial. La mejora de la competitividad sectorial no puede ni debe basarse en el incumplimiento normativo o en la falta de respeto a los derechos humanos a lo largo de la cadena de valor

¿Cuáles son las principales diferencias entre los países?

Las diferencias son notables tanto a nivel normativo como institucional. Mientras países como Brasil y Colombia avanzan con propuestas legislativas concretas o planes de acción nacionales, otros aún dependen del empuje de cooperación internacional o de empresas líderes aisladas. También se observa un grado dispar de participación de actores sociales en la construcción de políticas. La articulación interministerial para integrar DDHH, medio ambiente y desarrollo económico aún es débil en la mayoría de los países.

La fragmentación legal y la falta de voluntad política hacen que la protección de derechos siga siendo desigual en nuestra región. Sin embargo, a nivel local, el primer paso para avanzar en el respeto de los derechos humanos es el cumplimiento del marco legal vigente Participar en iniciativas voluntarias como Pacto Global donde se desarrollan capacidades para incorporar el trabajo de los Derechos Humanos al negocio de manera transversal puede ser una gran oportunidad para que las empresas tomen la ventaja. 

¿Cómo es la situación en Argentina?

Argentina tiene fortalezas en su tradición jurídica, en derechos humanos y en la generación de espacios de diálogo multiactor. Existen casos empresariales valiosos —como los de Grupo Sancor Seguros o Arcor— que avanzan en prácticas concretas de debida diligencia, participación comunitaria y transición justa. Sin embargo, aún falta consolidar un marco de cumplimiento normativo generalizado y mecanismos de seguimiento y remediación con enfoque territorial. A la fecha el cumplimiento normativo sigue siendo un diferencial, sobre todo en las pymes. Las empresas pequeñas y medianas y los sectores menos visibles necesitan mayor apoyo institucional.

El año pasado realizamos un estudio sobre 40 casos empresarios, si bien la muestra no es representativa en la cantidad, fueron seleccionados casos heterogéneos. Los representantes del sector privado destacaron el escaso conocimiento sobre los Principios Rectores y la debida diligencia en materia de derechos humanos dentro de la comunidad empresarial, lo cual, adjudican en gran medida a la ausencia de marcos normativos claros sobre empresas y derechos humanos, así como de la falta de evaluación y seguimiento de lo que deben emprender para cumplir con sus responsabilidades.

De las 40 empresas consultadas sobre el proceso de Debida Diligencia en Derechos Humanos un 52.5% afirma realizar algún tipo de proceso, y ahondando un poco más en los resultados encontramos que el 60% de las empresas encuestadas han contemplado la participación, en el proceso de Debida Diligencia, de los trabajadores y sindicatos. El hecho de que una mayoría significativa involucre estos dos actores claves refleja una práctica inclusiva y posiblemente una estrategia más sólida de Debida Diligencia, donde se reconoce el valor de la participación directa de los empleados en la promoción y protección de sus derechos.

Avanzamos, sí, pero considero que si no institucionalizamos lo conseguido, el riesgo de que sólo quede en buenas intenciones sin efectos estructurales, es muy grande.

¿Cómo está el estado de las evaluaciones de impacto en los DDHH en América Latina?

Todavía son excepcionales y en muchos casos responden a presiones externas o exigencias reputacionales. En general, no incorporan mecanismos participativos ni representan adecuadamente la voz de las comunidades afectadas. La falta de protocolos estandarizados y de capacidades técnicas en empresas y gobiernos agrava el problema. Se necesitan marcos que prioricen el enfoque de derechos, con análisis de riesgos diferenciados por grupo y territorio. Mucha casuística determina que los principales drivers para realizar procesos de evaluación de impactos, está dado por exigencias de los accionistas, mercado de capitales, marcos regulatorios etc.
Es necesario superar enfoques limitados y autorreferenciales en la gestión de impactos. Evaluar sin incorporar la perspectiva de los titulares de derechos equivale a medir sin comprender, lo que compromete la eficacia de cualquier proceso de debida diligencia. Sin una comprensión significativa del contexto y de las personas potencialmente afectadas, no es posible avanzar hacia transformaciones responsables y sostenibles.

¿Qué constituye una buena evaluación de impactos desde un enfoque de DDHH?

Debe basarse en principios de transparencia, participación efectiva, enfoque interseccional y remediación. La evaluación de impactos no puede limitarse a cumplir requisitos legales mínimos: tiene que identificar impactos reales, prever medidas preventivas y establecer responsabilidades claras.

Es vital establecer espacios de diálogos con los distintos stakeholders, en particular los públicos, considerados sujetos de derechos, que presenten mayor vulnerabilidad a riesgos reales o potenciales en sus derechos. Por ejemplo, las comunidades afectadas deben ser parte activa del proceso, con acceso a información y asistencia técnica independiente. Solo de esta manera, se legitima el proceso.
Una buena evaluación no es un trámite, toma tiempo y es una herramienta para restituir dignidades y prevenir nuevos daños.

¿Cómo es el avance del Proceso de Debida Diligencia en las empresas en la región?

En general, las grandes empresas —especialmente con presencia internacional— han comenzado a integrar procesos más robustos de debida diligencia, aunque muchas veces impulsadas por regulaciones o presiones de consumidores globales. Las pymes enfrentan mayores dificultades por falta de recursos, conocimientos y apoyo técnico. Aún se requiere mayor articulación público-privada para escalar buenas prácticas y contextualizar marcos internacionales.
La debida diligencia no debe ser vista como una carga legal, sino como un acto de coherencia ética y de gestión responsable. Es un proceso estratégico, de gestión preventiva.

¿Cuáles son los desafíos respecto a la evaluación de impactos en los DDHH y de Debida Diligencia?

Los desafíos son múltiples en América Latina. Persisten importantes desafíos estructurales como las asimetrías de poder, las limitaciones en el acceso a mecanismos efectivos de justicia y reparación, y la escasez en las  capacidades locales. A ello se suma, que  muchas empresas aún abordan  estas herramientas como cumplimiento normativo sin integrarlas a su estrategia de sostenibilidad y gestión de riesgos, que a su vez debe confirmar la estrategia del negocio Es clave fortalecer los espacios de formación y articulación, especialmente en el ámbito público y en sectores productivos estratégicos. El desafío central es pasar del diagnóstico a la acción, del discurso al compromiso vivo.