Entre enero de 2015 y diciembre de 2024, el Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos (CIEDH) registró más de 6.400 ataques en 147 países contra personas que expresaron su preocupación por los riesgos o daños relacionados con las empresas.

Aunque existen avances normativos y compromisos internacionales, persisten graves desafíos en la protección de los derechos laborales, el acceso a la justicia, la consulta previa a pueblos indígenas y el impacto ambiental. En este contexto, las empresas tienen la responsabilidad de respetar los derechos humanos, incluyendo el derecho de todas las personas de defender los derechos humanos.

Para conocer más sobre la situación dialogamos con Lady Nancy Zuluaga, Acting Americas Regional Manager del Business & Human Rights Resource Centre.

Desde tu perspectiva, ¿cuáles son los principales desafíos relacionados con las empresas y los derechos humanos en América Latina?

Los principales retos que estamos evidenciando en América Latina se vinculan con el cierre y las restricciones cada vez más severas del espacio cívico que incluyen represión y criminalización de la protesta social, la aprobación de leyes restrictivas para organizaciones de la sociedad civil y el abuso del sistema judicial. Todas estas prácticas se llevan a cabo para favorecer diferentes sectores económicos. Esto a su vez se vincula con la historia de discriminación y racismo estructural que ha permeado el extractivismo durante décadas en la región. En la actualidad, estamos viendo todas estas prácticas exacerbadas en el marco de la extracción de minerales necesarios para la transición energética entre ellos el bauxita, cobalto, cobre, litio, manganeso, níquel y zinc. A medida que aumenta la proporción de minerales utilizados para la transición energética, es urgente romper el ciclo de prácticas nocivas vinculadas a la contaminación, restricciones a las libertades cívicas, agresiones a personas defensoras de los derechos humanos, y vulneraciones a los derechos laborales.

Nuestro Monitor de Minerales de Transición, que rastrea los impactos en los derechos humanos de la extracción de minerales clave en la transición energética, evidencia que el 41% de las denuncias en el mundo, se presentan en América del Sur.

¿Cuáles son los países de la región que demostraron más progreso en la implementación de marcos regulatorios para las empresas?

En América Latina países como Colombia han hecho avances significativos para avanzar en marcos regulatorios que permitan hacer responsables a las empresas por vulneraciones a derechos humanos. En la actualidad Colombia tiene un Proyecto de Ley sobre Debida Diligencia Empresarial que reconoce e implementa los Principios Rectores sobre empresas y derechos humanos de la Naciones Unidas y reconoce la debida diligencia en derechos humanos como herramienta para que las empresas puedan materializar su deber de respetar los derechos humanos. También existe un proyecto de Decreto Reglamentario sobre conducta empresarial responsable. Otros países de la región que también, han avanzado son Chile que tiene un proyecto de Ley sobre debida diligencia en materia de derechos humanos y empresas, así como en Perú donde existe una iniciativa por parte de organizaciones de la sociedad civil para reglamentar la actividad empresarial.

¿Qué sectores económicos o industrias conllevan mayores riesgos o generan más conflictos en la región?

De acuerdo a nuestros datos, el sector de la minería es uno de los sectores más peligrosos para las personas defensoras de los derechos humanos y para quienes están en la primera línea de defensa de sus territorios. Dentro de este sector, la extracción de minerales críticos para la transición energética está representando grandes retos para las comunidades de diferentes países de la región incluyendo Chile, Argentina, Perú y Panamá.

El sector de la agroindustria es el segundo sector más peligroso para la defensa de los derechos humanos, y finalmente, el sector de las energías renovables cada vez más se destaca como un sector peligroso.

¿De qué manera el cambio climático y la transición energética han influido en la relación entre empresas y comunidades locales en América Latina?

En nuestro trabajo hemos identificado como en el marco de la crisis climática y la necesidad de una transición energética ha llevado a la generación de nuevos conflictos sociales entre las comunidades y las empresas dado que se siguen repitiendo muchas de las malas prácticas que por décadas las industrias extractivas han llevado a cabo y que han contribuido a la degradación ambiental, la vulneración de los derechos y a la fractura del tejido social.

En muchos contextos en la región se siguen evidenciando prácticas de corrupción, captura corporativa, estrategias de división de las comunidades y diferentes formas de amenazas, agresiones y hostigamiento en contra de personas defensoras de derechos humanos y comunidades. Algo importante a tener en cuenta es que un gran porcentaje de los minerales críticos para la transición energética en América Latina se encuentran en territorios indígenas lo que supone que las empresas establezcan consultas previas, libres e informadas y procesos claros de debida diligencia. No obstante, lo anterior no se lleva a cabo lo que incide en un aumento de los reclamos por parte de comunidades.

¿Cómo evaluaría el cumplimiento corporativo voluntario frente a las regulaciones obligatorias en el contexto de la debida diligencia empresarial en materia de derechos humanos?

El enfoque voluntario, basado entre otros, como los Principios Rectores sobre Empresas y Derechos Humanos de Naciones Unidos, ha promovido avances importantes en la protección de los derechos humanos por parte de diversos actores. Sin embargo, se ha evidenciado que en algunos contextos las empresas no adoptan compromisos reales con las comunidades, y tampoco se llegan a adoptar mecanismos de rendición de cuentas adecuados a las necesidades de las comunidades que han sido impactadas. De esta manera, es preciso desarrollar marcos regulatorios para las empresas que establecen obligaciones claras en materia de derechos humanos y debida diligencia y que garanticen la responsabilidad y transparencia corporativa y que a su vez permitan que se reparen adecuadamente los daños que hayan contribuido a provocar.

¿Cómo las nuevas tecnologías y la presión social influyen en el comportamiento corporativo?

Durante la última década, el desarrollo y la expansión de las tecnologías digitales han ayudado al trabajo vital de diferentes grupos en la región, desde el monitoreo de los abusos, movilización social para impulsar cambios legislativos y de política pública, hasta la organización transnacional con otros movimientos. Si bien se reconoce que el uso de nuevas tecnologías ha generado presión social, también se reconoce que estas tecnologías han dado lugar a nuevas vulnerabilidades y han sido utilizadas como armas por los Estados y los actores no estatales como las empresas para atacar personas defensoras y a las comunidades a las que pertenecen. Esto incluye eliminar o censurar la información compartida en línea; el cierre de internet para limitar la libertad de expresión y la organización en línea; participar en campañas de intimidación, hostigamiento y difamación contra las personas defensoras en las plataformas de redes sociales; facilitar la violencia de género en línea contra las mujeres y las personas defensoras de derechos humanos de género diverso.