El reconocimiento por separado de los derechos al agua y al saneamiento responde a la necesidad de destacar sus particularidades así como de potenciar el derecho al saneamiento. Gracias a la nueva resolución, los Estados disponen ahora de un instrumento más claro para conocer el alcance de los derechos humanos al agua y al saneamiento. Ello les permitirá poder contribuir a su consecución de forma más efectiva.

La apuesta consistente en la separación de los dos derechos se ha realizado tomando en consideración el punto de vista del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, los Relatores Especiales sobre la materia y las organizaciones que trabajan en este campo. La realidad ha demostrado que el derecho al saneamiento ha sido eclipsado por el derecho al agua. Buena prueba de ello es que la meta 7 de los Objetivos de Desarrollo del Milenio – reducir a la mitad en 2015 la proporción de la población sin acceso sostenible al agua potable y al saneamiento básico – ha sido alcanzada con respecto al agua potable, pero no en cuanto al saneamiento.

Otro aspecto relevante de la resolución 70/169 es que se refiere al impacto de género en los derechos humanos al agua y al saneamiento. Como pone de manifiesto la nueva resolución, la falta de acceso a servicios adecuados de agua potable y saneamiento afecta a los derechos humanos y a la igualdad de las mujeres y las niñas. Por ello, España celebra que en el texto se haya optado por promover la participación de las mujeres en la toma de decisiones sobre las cuestiones de agua y saneamiento.

En su contexto, la Asamblea General ha dado un gran paso adelante desde que en 2010 se reconociera el derecho humano al agua y al saneamiento por la resolución 64/292 y en 2013 se adoptara la resolución 68/157, también iniciativa hispano-alemana.