Todos los Estados miembros de la UE han incorporado ya a sus ordenamientos jurídicos nacionales las normas de la Unión Europea destinadas a luchar contra la discriminación por motivos de sexo, de origen racial o étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual. Ahora bien se necesitan esfuerzos adicionales para aplicarlas en la práctica. Estas son las conclusiones más importantes del nuevo Informe publicado por la Comisión Europea. Además, entre los problemas detectados se encuentra la falta de conciencia pública de los derechos y el reducido número de denuncias de casos de discriminación, por ejemplo en el ámbito laboral.