Jáuregui, ex Ministro de Zapatero, sostuvo que “considerando la importancia de todas estas iniciativas en el desarrollo de una renovación conceptual de la empresa y de sus compromisos para con la sociedad, estimamos imprescindible abordar en sede parlamentaria, un conjunto de propuestas para extender e implementar la doctrina de Naciones Unidas en la cultura de la Responsabilidad Social en nuestro país y, especialmente, en fortalecer la defensa y el cumplimiento de los Derechos Humanos en las actividades empresariales dentro y fuera de nuestro país, por parte de las empresas españolas”.

La Proposición insta al Gobierno a incorporar los principios rectores sobre Empresas y Derechos Humanos al II Plan de Derechos Humanos que está elaborando el Gobierno, en cumplimiento de diferentes mandatos parlamentarios.

Además, añade la necesidad de trasladar y proponer al Consejo Estatal de la Responsabilidad Social Empresarial(CERSE), la incorporación a sus trabajos del documento de la ONU “para su análisis y estudio en el seno del Consejo, por parte de los agentes económicos y sociales que lo integran”. Los socialistas aspiran a que el CERSE incorpore un programa especial de implantación de Informe Ruggie al Plan Nacional de RSE que el Consejo está elaborando.

El proyecto también quiere que dentro de los planes de fomento de la marca España se tenga en cuenta la cuestión de DDHH a las grandes empresas españolas que operan en todo el mundo, incluso con la posibilidad de ser juzgado en España por sus conductas en el exterior. Para ellos solicita elaborar un informe jurídico sobre las posibilidades de aplicar a los tribunales españoles la intervención en los principios de "protección, respeto y remedio" de los Derechos Humanos a las empresas españolas, incluyendo sus actividades fuera del territorio nacional.