Cresud y su subsidiaria BrasilAgro han sido vinculadas con la conversión de más de 170.000 hectáreas de bosques nativos en América del Sur desde el año 2000, principalmente en el Gran Chaco, un bioma que abarca regiones de Argentina, Brasil, Paraguay y Bolivia y que alberga importantes ecosistemas y comunidades indígenas.

Desde 2018 —cuando Santander adoptó su política de no deforestación— el banco continuó participando en la estructuración de emisiones de deuda para Cresud por un total de USD 850 millones, según datos de la investigación. En 2024, Santander fue además uno de los principales financiadores europeos de empresas con exposición a cadenas de suministro agrícolas de alto riesgo forestal.

Cresud ha reportado avances en prácticas de sostenibilidad, como la certificación de algunas de sus fincas bajo estándares ambientales y su interés en participar en mercados de créditos de carbono. Sin embargo, organizaciones ambientales e indígenas han expresado preocupación por el impacto acumulado de sus operaciones en territorios con alta vulnerabilidad social y ecológica.

“Cuando desaparece el bosque, desaparece también nuestra forma de vivir y entender el mundo”, afirmó un representante de la comunidad Qom en la provincia de Chaco, Argentina, citado en la investigación.

La situación abre interrogantes sobre la efectividad de las políticas climáticas y de debida diligencia ambiental adoptadas por el sector financiero, y evidencia la necesidad de reforzar los mecanismos de monitoreo y exclusión para asegurar la alineación entre las metas de sostenibilidad y las decisiones de inversión.